La apelación de la sentencia contra el exgobernador de Junín, Ángel Dante Unchupaico, condenado por lavado de activos, continuará el 22 de abril. La primera parte de la audiencia se realizó el 9 de abril, donde se presentaron los argumentos iniciales de las defensas y de la Fiscalía.
La defensa de Unchupaico solicitó la nulidad de la condena, asegurando que no existen pruebas suficientes para demostrar que el exgobernador estuvo involucrado en el manejo de fondos ilícitos.
En septiembre de 2023, Unchupaico fue sentenciado a ocho años de prisión efectiva por su participación en un esquema de lavado de activos, que también implicó a los hermanos Fernando y Gabriela Alarcón Onofre. Junto a la pena de prisión, la sentencia estableció una reparación civil conjunta de 3 millones 500 mil soles (S/ 3,500,000) para los tres condenados. Además, se impusieron multas que varían entre 750 y 4 500 soles, dependiendo de los ingresos estimados de cada uno.
La defensa de los tres acusados cuestiona la validez de las pruebas presentadas durante el juicio, argumentando que las acusaciones se basan en indicios y no en evidencias contundentes. El abogado de Unchupaico sostuvo que no hay pruebas que lo vinculen directamente con la entrega de dinero ilícito ni con las personas que lo habrían recibido. Además, se planteó que Unchupaico fue sentenciado como autor directo, cuando la acusación inicial hablaba de una supuesta autoría mediata.
Por su parte, la Fiscalía mantiene la postura de que Unchupaico facilitó dinero de origen ilícito entre 2008 y 2015, con el fin de constituir una empresa y construir un edificio (Storby S.A.C.), acciones que habrían tenido como objetivo ocultar el origen de los fondos. Los fiscales sostienen que la cantidad de dinero manejado por Unchupaico no se justifica con sus ingresos, lo que representa un desbalance patrimonial.
En la audiencia, la Procuraduría Pública Especializada en Lavado de Activos solicitó la confirmación de la sentencia en su totalidad, respaldada por informes periciales que evidencian un desajuste patrimonial sin justificación. La Fiscalía también respaldó esta solicitud, indicando que el desbalance económico es una prueba clave en el caso.
La Primera Sala de Apelaciones de Huancayo es presidida por el juez superior Walter Chipana Guillén, acompañado por el juez superior Julio César Lagones Espinoza, quien es director de debates, y el juez superior Roberto John Meza Reyes.
La segunda parte de la audiencia, programada para este 22 de abril, desde las 8:10 de la mañana, será crucial para definir el futuro judicial de Unchupaico y los otros acusados. El tribunal decidirá si mantiene o modifica la condena, lo que podría tener importantes implicancias para el exgobernador y los hermanos Alarcón.
