El Sexto Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huancayo dictó seis años de pena privativa de libertad contra tres implicados en uno de los casos más graves de corrupción dentro del sector pesquero del Gobierno Regional de Junín, ocurrido en 2014, en la gestión de Vladimir Cerrón como gobernador.
Se trata de Wilfredo Guerra Parque, exjefe de la unidad de abastecimientos y servicios auxiliares; José Luis Párraga Melgarejo, exencargado de administración; y el empresario Rubén Vicente Vivar, quienes fueron sentenciados por beneficiar de manera ilegal a la empresa Travic Perú S.R.L., dedicada a la producción de alimento balanceado para truchas.
La investigación, liderada por el Primer Despacho de la Fiscalía Anticorrupción de Junín, demostró que en enero de 2014 se autorizó una exoneración por “desabastecimiento inminente” para adquirir alimentos para trucha por S/ 189 mil, pese a que Travic Perú no cumplía con los requisitos técnicos ni legales, como certificados de calidad o experiencia previa.
Según el informe pericial N° 288/18-VOC, el contrato fue pagado íntegramente, pero los alimentos nunca llegaron al centro piscícola “El Ingenio”, lo que configuró un evidente perjuicio económico. Además, se omitió deliberadamente la aplicación de penalidades por incumplimiento, por un monto adicional de S/ 19 mil.
Licitación amañada y documentos falsificados
En julio del mismo año, los exfuncionarios volvieron a favorecer a la misma empresa mediante una licitación pública por S/ 897 mil, donde nuevamente se ignoraron requisitos fundamentales como el certificado de garantía de productos o la constancia REMYPE.
La Fiscalía documentó órdenes de compra ficticias, informes de almacén manipulados y documentos presentados fuera de plazo, incluyendo una vigencia de poder emitida después de la firma del contrato, lo que reveló la existencia de un esquema sistemático para favorecer a la empresa.
Como consecuencia de esta segunda operación, el perjuicio adicional al Estado fue de S/ 372 mil, sumando un daño total de más de S/ 426 mil.
La sentencia incluye la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante la vigencia de la pena. Guerra y Párraga fueron condenados como autores del delito, mientras que Rubén Vicente fue hallado culpable en calidad de cómplice.
