Este martes 25 de marzo vence el plazo para que el Estado peruano informe a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre el cumplimiento de la sentencia emitida en marzo de 2023 en el caso Habitantes de La Oroya vs. Perú. Sin embargo, a un año del fallo histórico, las víctimas y organizaciones denunciantes afirman que Perú incumplió con implementar las medidas de reparación ordenadas.
La sentencia de la Corte IDH determinó que el Estado peruano es responsable de la violación de derechos humanos debido a la contaminación extrema generada por el complejo metalúrgico de La Oroya. En su resolución, la Corte ordenó al gobierno implementar una serie de medidas para reparar el daño ambiental y garantizar atención especializada a la población afectada.
Entre las acciones que el Estado debe cumplir están:
Garantizar atención médica gratuita y especializada a las víctimas.
Implementar controles ambientales rigurosos sobre el complejo metalúrgico para evitar un nuevo ciclo de contaminación con metales pesas y revictimizar a los habitantes de La Oroya.
Adoptar medidas para la restauración ambiental de la zona.
Capacitar a funcionarios en derechos humanos y regulación ambiental.
No obstante, según denunciaron la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), el Estado peruano no ha implementado ninguna de estas medidas de manera efectiva. A lo mucho, ha publicado el resumen de la sentencia en las páginas web de algunos ministerios, como de el de Minería, Ambiente y Justicia.
La Procuraduría General del Estado tampoco ha emitido la resolución de cumplimiento, lo que impide que los Ministerios y entidades estatales asuman formalmente sus responsabilidades.
Consecuencias del incumplimiento
El incumplimiento del fallo podría generar repercusiones internacionales para el Perú, pues la Corte IDH mantiene competencia para supervisar la implementación de su sentencia y podría emitir una nueva resolución instando al Estado peruano a cumplir.
Además, el caso podría ser llevado ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y afectar la imagen del Perú en tratados comerciales y procesos internacionales, como su aspiración de ingresar a la OCDE, explicó la abogada Rosa Peña, de la organización AIDA.
Mientras tanto, con el reinicio de actividades del complejo metalúrgico de La Oroya en octubre de 2023, tras 13 años de paralización, los habitantes de La Oroya se expone de nuevo a niveles de contaminación por encima de los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS), denuncian las víctimas, entre ellas, Yolanza Zurita, Rosa Amaro y Carla Aliaga.
Están también sin acceso a la atención médica especializada que la Corte ordenó. “El Estado nos ha abandonado. Hace un año se emitió la sentencia y hasta ahora no hay cambios. ¿Cuánto más tenemos que esperar?”, cuestionó Yolanda Zurita, residente de La Oroya y una de las peticionarias del caso ante la Corte IDH.
La expectativa es cuál será la respuesta del Gobierno peruano en su informe de cumplimiento que emita este martes a la Corte IDH.
Por su parte, Christian Huaylinos, abogado de las víctimas, advirtió que el Perú podría enfrentar sanciones de la Organización de Estados Americanos (OEA) y afectar sus relaciones comerciales si persiste en el incumplimiento. “La sentencia es inapelable y de obligatorio cumplimiento”, recordó.
Las medidas clave que las víctimas de la contaminación en La Oroya demandas son: una atención médica inmediata con especialistas en contaminación con metales pesdos; modernización del Complejo Metalúrgico para reducir emisiones tóxicas y reparación económica a familias empobrecidas por gastos en salud.
Aquí puedes leer la sentencia contra el Perú de la Corte IDH por la contaminación en La Oroya
