La Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció al Estado Peruano por la violación a los derechos a un ambiente sano, la salud y la vida en contra de habitantes de La Oroya, quienes estuvieron expuestos a la contaminación con metales pesados por el funcionamiento del complejo metalúrgico de esta ciudad.
La Corte IDH señala que estas violaciones a los derechos humanos “fueron consecuencia de la contaminación del aire, agua y suelo producida por las actividades minero-metalúrgicas en el Complejo Metalúrgico de La Oroya y por el incumplimiento del Estado de regular y fiscalizar las actividades” de la metalurgia.
La Corte subraya que estas acciones y omisiones del Estado vulneraron los derechos al medio ambiente sano, la salud, la vida y la integridad personal de las víctimas.
La demanda contra el Estado Peruano por la violación a los derechos humanos a un ambiente sano, la salud y la vida, entre otros, fue presentada en 2006 por 80 habitantes de La Oroya, que se agrupan en 17 familias y 6 personas individuales, de los cuales 38 son
mujeres y 42 hombres. Seis de estas personas han fallecido.
Para entonces, ya el Tribunal Constitucional peruano había ordenado, entre otros aspectos, la atención integral a la salud de las personas afectadas por metales pesados y otorgó garantías a las víctimas, pero el Estado incumplió.
En su análisis, la Corte subraya que “el medio ambiente sano constituye un interés universal y es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad”. Por ello, el Estado tiene la obligación de utilizar todos los medios a su disposición para evitar graves daños al medio ambiente que afectan la salud y el ejercicio de otros derechos.
Reparaciones
La Corte señaló que a pesar de que la demanda fue presentada por 80 personas, el derecho a un ambiente sano es colectivo y por ello ordenó al Estado investigar los hechos, identificar, juzgar y, de ser el caso, sancionar a los responsables de los actos de hostigamiento contra defensores del medio ambiente, y a los funcionarios responsables de las faltas administrativas y delitos en contra del medio ambiente por la contaminación producida por el Complejo Metalúrgico de La Oroya.
Asimismo, realizar determinar el estado de la contaminación del aire, agua y suelo en La Oroya, e incluir un plan de remediación para daños ambientales. También brindar atención médica gratuita a las víctimas de violaciones a sus derechos a la salud, vida e integridad personal.
Para evitar que se repitan este tipo de violaciones al derecho a un ambiente sano, el Perú debe compatibilizar las normas que definen los estándares de calidad del aire, para que los valores máximos permisibles de plomo, dióxido de azufre, cadmio, arsénico, material particulado y mercurio no sobrepasen los máximos necesarios para la protección del medio ambiente y la salud.
Asimismo, garantizar la efectividad del sistema de estados de alerta en La Oroya, y desarrollar un sistema de monitoreo de la calidad del aire, suelo y agua.
La Corte también ordenó que el Estado Peruano debe garantizar una atención médica especializada para las personas expuestas a contaminación por metales pesados, incluyendo el acceso a tratamiento médico, psicológico y psiquiátrico.
Un poco de historia
El Complejo Metalúrgico de La Oroya comenzó a operar en 1922 para procesar minerales polimetálicos altamente contaminados, explotados por la empresa norteamericana Cerro de Pasco Cooper Corporation. En 1974 el complejo fue nacionalizado y pasó a manos del Estado a través de Centromin, hasta 1997, cuando fue comprado por Doe Run Perú S.R.L. y estuvo activo hasta el 2009.
Recientemente, en octubre de 2023, una parte del Complejo fue reactivado ahora por los extrabajadores de la Doe Run Perú, quienes recibieron los activos en dación de pago por las deudas laborales.
Los trabajadores formaron la empresa Metalurgia Business Perú SAA.
Aquí la sentencia
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