Por: Lic. Felipe Gálvez Condori
El Gasoducto del Sur Peruano, también conocido como SIT Gas, Sistema Integrado de Transporte de Gas al Sur, o Gasoducto Interior, es un proyecto de gasoducto propuesto en Perú diseñado para transportar gas natural desde los yacimientos de gas de Camisea en la cuenca del alto Amazonas hacia la costa del Pacífico peruano.
Antecedentes:
A principios del año 2008, durante el segundo gobierno de Alan García se propuso la construcción de un gasoducto transandino que conectara el gas natural de los yacimientos de Camisea en la cuenca del alto Amazonas con las ciudades y centrales eléctricas sobre la costa del Pacífico peruana.
En el 2010, el gobierno peruano firmó un acuerdo inicial de US$1.33 mil millones con el consorcio Kuntur, Transportadora de Gas (KTG) para la construcción del gasoducto. Sin embargo, el contrato fue cancelado y se inició una nueva ronda de licitaciones para el proyecto.
Después de décadas de promesas y expectativas frustradas de los pueblos del sur sin beneficiarse del gas natural, en el año 2014 se entregó en concesión la construcción del gasoducto sur peruano. El gobierno de Ollanta Humala, firmó un nuevo contrato de concesión por 34 años, evaluado en por $7 mil millones, para la construcción del gasoducto con el Consorcio Gasoducto Sur del Perú, constituido por la firma brasilera Odebrecht (75 %) y la española Enagás (25 %). El contrato de concesión le dio a Enagás la responsabilidad de operar y dar mantenimiento al gasoducto, en tanto que Odebrecht estaría a cargo de la ingeniería, compras y construcción (EPC).
El año 2015, cuando el gasoducto estaba al 34 % de su construcción, la empresa de capitales peruanos, Graña y Montero compro por US$215 millones Odebrecht adquiriendo un 20 % de las participaciones en el consorcio. En este punto, la finalización de la obra en construcción del gasoducto seguía proyectada para el año 2017. Sin embargo, el proyecto volvió a encontrarse con un importante obstáculo en su desarrollo en marzo de 2016, cuando el CEO de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, fue sentenciado por el ‘caso Lava Jato’ a 19 años de prisión. Los bancos internacionales amenazaron con cortar el financiamiento para el Gasoducto del Sur si la cuestionada transnacional Odebrecht seguía siendo parte del proyecto, y los intentos de encontrar un reemplazo fueron infructuosos.
Cancelación de contrato con Odebrecht
En el 2016 se dio a conocer el entramado de corrupción internacional Lava Jato, en el que la empresa brasileña era la protagonista y se la investigaba en diversos países. En febrero de ese año, la Fiscalía inició una investigación contra catorce personas, entre las que figuraban Nadine Heredia y Jorge Barata, por delitos de colusión agravada y negociación incompatible en agravio del Estado en relación con la concesión del gasoducto surperuano.
En enero de 2017, con Pedro Pablo Kuczynski en el gobierno el proyecto se canceló porque el consorcio integrado por Odebrecht, Enagás y Graña y Montero no pudo conseguir los préstamos para ejecutar la obra, algo casi imposible dadas las graves acusaciones y procesos en contra de la principal empresa del consorcio. Al no haber alcanzado el cierre financiero en el plazo límite, tras dos prórrogas, el Minem terminó el contrato por causa imputable al concesionario (cláusula 6.7) y ejecutó la garantía por 262,5 millones de dólares como compensación por daños y perjuicios.
En diciembre de 2017, ProInversión, anuncio una nueva licitación para el Gasoducto del Sur Peruano todavía estaba en discusión para el año 2018 y que empresas europeas y estadounidenses seguían manifestado su interés por el proyecto.
A partir de octubre de 2022, los procesos judiciales sobre posibles sobornos por parte de Odebrecht, Graña y Montero y otros actores continúan en curso y paralizaron el proyecto.
Esfuerzos para reanudar el proyecto
En septiembre de 2020, luego que se conociera el estudio de factibilidad se estimó que el proyecto del gasoducto SIT Gas renovado costaría US$4.5 mil millones, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) de Perú anunció la ampliación del gasoducto para que incluyera las regiones del sur —Apurímac, Puno y Tacna—, aparte de las regiones anteriormente anunciadas de Cusco, Arequipa y Moquegua. El MINEM informó que se estimaba hasta 35 años de las reservas de gas natural disponibles en Perú como fase inicial para anunciar la licitación a principios del año 2021.
En noviembre de 2021, el presidente Pedro Castillo autorizó una transferencia de 29 millones de soles peruanos adicionales para «mejoras a la seguridad energética del país y el desarrollo del Gasoducto Sur Peruano»; todo este dinero está destinado a cuidar el oleoducto abandonado por Odebrecht.
A inicios del 2022, una comisión del gobierno propuso que la construcción del gasoducto comenzara en el segundo semestre de 2023, y que las operaciones comerciales se iniciaran progresivamente de norte a sur entre 2024 y 2026. La comisión señaló que el proyecto podría acelerarse mediante la reutilización de tuberías y otra infraestructura de ingeniería del proyecto original de Odebrecht, mientras se basa en el estudio de impacto ambiental original de Odebrecht en lugar de requerir uno nuevo.
Pero pasado el tiempo las empresas que tenían el contrato con el Estado peruano han iniciado una ofensiva legal internacional y han conseguido un reciente laudo arbitral del CIADI que obliga al Estado peruano a pagarle 200 millones de dólares (MMUS$) a la española Enagás S.A., por las inversiones realizadas en el fallido contrato de concesión del Gasoducto Sur Peruano (GSP), tiene diversas consecuencias.
Odebrecht también ha demandado al Estado en la vía arbitral a través de dos subsidiarias domiciliadas en Luxemburgo y probablemente también ganará el arbitraje y habrá que pagarle. Estas obligaciones de pago nacen de una mala decisión gubernamental del 2017, cuando se emite el Decreto de Urgencia (DU) 001-2017, donde se compromete a pagar el valor contable neto de los bienes, los que han sido valorizados por el consorcio en 2,601 MMUS$ a diciembre del 2016.
La enajenación de los bienes significa que el Estado tiene la propiedad de casi la totalidad de la tubería para construir el gasoducto, la que viene preservando desde el 2017, con un costo a diciembre del 2024 de 356 MMUS$, monto que ha superado en 114 MMUS$ la carta fianza ejecutada.
Ósea, el Estado peruano perdió millones de dólares invirtiendo en este proyecto y ahora tendrá que pagar el resarcimiento a las empresas que no culminaron la ejecución de la obra encomendada y lo peor es que ahora el proyecto esta entrampado en un litigo internacional.
El proyecto del Gasoducto Costero del Sur
Mientras el estado peruano pierde millones de dólares y los pueblos del sur ven postergados sus anhelos de impulsar su desarrollo mediante el gas. Las empresas han elaborado un nuevo proyecto que mediante lobbys en el gobierno de Dina Boluarte ha logrado tener luz verde del actual ministro y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) espera firmar una adenda antes del 28 de julio para llevar gas natural de Camisea al sur del país. Esta adenda representa una inversión privada de más de 2,000 millones de dólares y busca conectar el ducto costero en dos puntos estratégicos: Ilo y Arequipa. Además, se está trabajando en un proyecto complementario en Cusco para fortalecer la seguridad energética del sur del país.
Pero ocurre que Enagás, una de las empresas involucradas en el proyecto, es la que ha denunciado y ha ganado un arbitraje contra el gobierno peruano y se espera que Perú pague 727 millones de soles. Se anuncia que esta obra que se puede construir en 18 meses. Se señala que el Gasoducto Costero se puede hacer más rápido al sur y significa una inversión mucho menor. Estamos hablando de US$2 mil 200 millones (frente a los US$4.500 millones del SIT-Gas).
El lado oscuro y las desventajas del Gasoducto Costero
El proyecto claramente favorece principalmente a grandes empresas y no a las regiones del sur. Se argumenta que, en lugar de priorizar el consumo interno, se está beneficiando a monopolios.
Es en buena cuenta significa que regiones como Puno, seguirán abandonadas, por el hecho de que el Gasoducto Sur Peruano, que podría cambiar su realidad e impulsar su desarrollo continúa paralizado. Antonio Gamero, un especialista en energía, ha denunciado que existe un lobby para favorecer a Camisea, operado por el Consorcio Transportador de Gas del Perú (TGP), que ha reportado utilidades significativas sin aportar regalías al Estado.
Enagás, una de las empresas involucradas en el proyecto, que denuncio y gano o un arbitraje contra el gobierno peruano paradójicamente seria una de las beneficiadas.
Reactivar y relanzar el proyecto del Gasoducto Sur Peruano
El proyecto del Gasoducto Sur Peruano tiene un gran impacto económico y social, está priorizado en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad del Perú. La paralización de manera indefinida el proyecto tiene costos para la sociedad y la economía del país. Las poblaciones de las regiones del sur no pueden acceder al gas natural y pagan por la energía que consumen precios más altos que los de Lima y Callao. Asimismo, las empresas del macrorregión pierden competitividad porque carecen de una fuente energética barata, limpia y eficiente, con abastecimiento continuo.
El costo constructivo del GSP está valorizado en 4,431 MMUS$; eso significa que el aporte estatal, es decir lo que se tienen en el avance de la instalación de los ductos, su valorización representaría el 59% de los recursos necesarios. La tarea del gobierno luego destrabe judicial del proyecto es conseguir un socio que sea financista de la diferencia, al mismo tiempo que se encargue de la construcción, de la operación y que tenga el control de la sociedad que se podía implementar.
A todas luces se puede colegir que técnica, financiera y socialmente, resulta mucho más beneficioso para el país retomar la continuación de la ejecución del proyecto del Gasoducto Sur Peruano. Y así recuperar en los miles de millones que se invirtieron, utilizando la infraestructura que se tiene. ¿Entonces por qué no se hace? ¿Por qué se sigue dilatando el proyecto? Sencillamente que ante los gobernantes salpicados por la corrupción los lobbys de las empresas transnacionales y nacionales pesan más. Estas serían tremendamente perjudicadas en sus ganancias con una vía o un ducto que hará llegar a los pueblos del Sur Andino el gas de forma más directa y a menos costo. No es casual que los sucesivos gobiernos hayan permanecido inertes y pasivos frente a este proyecto.
Corresponde a los gobiernos regionales de la Gran Macroregión del Sur, a las autoridades locales, a la Sociedad Civil y las fuerzas vivas, retomar la bandera para que este crucial proyecto energético, que impulsara sus economías regionales, para que dé una vez por todas se reinicie y se haga realidad.
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