Desde el corazón de nuestra comunidad, expresamos nuestra solidaridad con las familias de las víctimas de la tragedia en el Real Plaza de Trujillo. Esta catástrofe, que ha cobrado vidas y ha dejado decenas de heridos, no puede quedar impune.
El colapso del techo es el resultado de una cadena de irresponsabilidad y corrupción. Desde el Congreso, con leyes hechas a medida de intereses empresariales, hasta el Ejecutivo, incapaz de observarlas, y las autoridades locales que permitieron el funcionamiento del centro comercial sin las garantías necesarias. Empresas como el grupo Intercorp, dueño de Real Plaza, también deben asumir su responsabilidad. Exigimos indemnizaciones justas para las familias afectadas y atención integral para los heridos hasta su recuperación total.
Esta tragedia era evitable. En diciembre de 2023, el exalcalde clausuró el centro comercial por representar un peligro inminente. Sin embargo, leyes promovidas por el Congreso y promulgadas por el gobierno de Dina Boluarte limitaron la facultad de clausura, permitiendo el funcionamiento de locales con riesgos graves. Además, la modificación del reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones (ITSE) debilitó la supervisión estructural, eliminando la obligatoriedad de ingenieros civiles en las evaluaciones.
“Ninguna ciudad del Perú merece vivir bajo la sombra de la violencia, la corrupción y la indiferencia de sus autoridades”.
Exigimos una investigación independiente con fiscales enviados desde Lima. No podemos confiar en una fiscalía local influenciada por intereses políticos y económicos. Todos los responsables, desde empresarios hasta altos funcionarios, deben rendir cuentas. No es aceptable que solo se castigue a trabajadores de menor rango mientras los verdaderos responsables eluden la justicia. Demandamos sanciones ejemplares en todos los niveles.
Asimismo, urge revisar y modificar las leyes que impiden una gestión técnica y transparente. Los cargos de responsabilidad deben estar en manos de profesionales competentes, capaces de garantizar la seguridad y el bienestar ciudadano.
Ninguna ciudad del Perú merece vivir bajo la sombra de la violencia, la corrupción y la indiferencia de sus autoridades. Trujillo no puede seguir pagando el precio de la impunidad. Es hora de que la ciudadanía organizada exija resultados concretos, justicia y seguridad real.
