Ocho años de cárcel a exjefe policial de Junín por apropiarse de materiales valorados en S/ 1.5 millones

El general (R) PNP José Figueroa y seis implicados simularon construir un campo deportivo para extraer y apropiarse de 40,000 m³ de caliche del río Shulcas, causando un perjuicio de S/ 1.5 millones al Estado.
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Huanca York Times
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El Juzgado Penal Colegiado de Junín sentenció a ocho años de prisión al general PNP en situación de retiro, José Antonio Figueroa Gonzales, exjefe de la Región Policial Centro (Junín, Huancavelica y Ayacucho), tras hallarlo culpable del delito de peculado doloso. Junto a él, otras seis personas fueron condenadas por apropiarse ilegalmente de materiales de construcción valorizados en un millón quinientos mil soles.

La investigación liderada por el fiscal anticorrupción Manuel Lucas Blas, determinó que entre diciembre de 2014 y los primeros meses de 2016, los acusados simularon la donación de la construcción de un campo deportivo dentro del Complejo Policial de Incho, en el distrito de El Tambo, en Huancayo.

Sin embargo, la obra fue solo una pantalla para extraer sistemáticamente alrededor de 40,000 metros cúbicos de caliche de las riberas del río Shulcas, un material de construcción altamente valorizado. La fiscalía demostró que el material fue retirado en camiones que supuestamente trabajaban en la construcción del campo deportivo.

Con el consentimiento del general (R) Figueroa Gonzales y otros funcionarios policiales, se aprobó el proyecto, que incluía expediente técnico, nivelación del terreno, drenaje, tribunas y pista atlética. Pero la obra nunca se concretó y el material extraído fue desviado para otros fines.

Sentencia y sanciones

El tribunal dictó ocho años de prisión para José Antonio Figueroa Gonzales, Jorge Washington Montañez Alviz, Máximo Fidel Sánchez Padilla y Edgar Jenrry Paredes Montenegro como autores del delito de peculado doloso por apropiación agravada. También condenó a los hermanos Erika Paola Calixto Ramírez y Óscar Javier Calixto Ramírez como cómplices.

Además de la pena privativa de libertad, los sentenciados fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos durante ocho años y deberán pagar una reparación civil de un millón quinientos mil soles al Estado.