El gobierno de Dina Boluarte hace rato que ya “tiró la toalla” en la lucha contra la delincuencia criminal. Y no porque yo lo diga, sino porque los hechos siguen siendo elocuentes y allí están.
Los cupos, extorsiones, robos y asaltos con secuelas mortales son cada vez más altos. La Policía y el gobierno se sienten impotentes de resolver este gravísimo problema, por más medidas que establezcan. El fracaso es total.
En medio del violento rompecabezas, un sector de los transportistas anuncia un nuevo paro. Hasta ya comenzó a hablarse de un próximo paro nacional de trabajadores.
Los hombres del volante protestan, también, porque el Congreso se niega a derogar esa malhadada ley del crimen organizado (32108), que, increíblemente, protege a las organizaciones criminales y les garantiza impunidad.
El gobierno hasta el momento ha declarado cinco veces estado de emergencia en distintos lugares de Lima y del país. Empero, hasta hoy no se ven resultados alentadores. Es solo demagogia y pasar la mano.
Los especialistas sostienen que sacar a las Fuerzas Armadas a las calles es no entender, realmente, el problema.
En Lima poco a poco ya se hace difícil vivir y trabajar. En lo que va del año, la Policía enumera 2,846 denuncias por extorsiones. Añade que en promedio se dan 59 denuncias diarias por extorsión. San Juan de Lurigancho y el Cercado de Lima lideran los números. Pero hay muchas otras que por temor no son denunciadas.
Y a nivel de regiones, La Libertad y Piura encabezan las denuncias, seguidas de Lambayeque, Callao e Ica.
Pero la inseguridad ciudadana no solo mantiene en vilo todos los días a los peruanos, sino, también, ahuyenta las inversiones. El BCRP sostiene que a más ola delincuencial y robos en las arcas públicas se afecta la imagen de los inversores sobre el Perú.
Frente a la gravedad del problema y la ausencia de quien nos saque del hoyo, el Colegio de Abogados de Lima ha denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el Congreso peruano da leyes que favorecen a la corrupción y al crimen organizado.
En su comunicado, el CAL indica que estos hechos crean un entorno propicio para el crecimiento de las bandas extorsionadoras y grupos criminales, que causan no solo pérdidas de vidas humanas, sino también graves afectaciones económicas a la sociedad.
Y como para ponerle la cereza al pastel, Dina Boluarte acaba de presentar un proyecto de ley que ha denominado “contra el terrorismo urbano”, que entre otros “contrabandos” busca acallar las protestas del pueblo.
