La Sala Suprema Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, levantó la inhabilitación que impedía a Vladimir Cerrón ejercer cargos públicos o contratar con el Estado, como parte de la condena que recibió por el caso “La Oroya”, en el 2019. Pero, sobre el exgobernador de Junín pesa otra sanción similar, impuesta el 6 de octubre de 2023, que lo mantiene inhabilitado por tres años y seis meses para el ejercicio de la función pública, derivado de su condena por corrupción en el Aedrómo Wanka.
Vladimir Cerrón, quien se encuentra en la clandestinidad desde su condena de octubre de 2023, afronta esta nueva inhabilitación como resultado de su sentencia por colusión en la concesión del aeródromo y lo mantiene fuera de la función pública.
En audiencia del último martes, la Corte Suprema comunicó que Cerrón ya había cumplido el periodo de inhabilitación correspondiente a su condena de cuatro años de pena suspendida por el delito de negociación incompatible en el caso del saneamiento de La Oroya.
Ese fallo, emitido en 2019, también incluyó una reparación civil de S/ 850 mil, que Cerrón debía pagar por haber aprovechado de su cargo para favorecer con un pago a la empresa responsable del proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de La Oroya”.
No obstante, la inhabilitación que le impusieron por el caso Aeródromo Wanka sigue vigente, mientras se mantiene como prófugo de la justicia hace un año.
En su resolución, la Sala señaló que la sentencia condenatoria contra Cerrón, que lo inhabilitaba por un año, quedó firme el 18 de octubre del 2019 con la sentencia en segunda instancia. Por lo que, teniendo en cuenta que el plazo de inhabilitación era de un año, “resulta evidente que al día de hoy, ya operó en exceso el plazo fijado”, señalaron los magistrados.
