El exgobernador de Junín y prófugo de la justicia, Vladimir Cerrón, y su sucesor, Fernando Orihuela, seguirán siendo procesados por su presunta responsabilidad en el otorgamiento de bonificaciones irregulares a policías de su seguridad cuando ejercieron la Gobernación Regional.
El Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín, a cargo del juez Walter Camarena Madrid, rechazó los pedidos de excepción de improcedencia de acción y sobreseimiento presentados por los abogados de ambos exfuncionarios.
La Fiscalía sostiene que los exgobernadores incurrieron en los delitos de colusión agravada y negociación incompatible, luego de haber autorizado pagos adicionales (bonificaciones) a policías asignados para su protección, a pesar de que estos ya recibían una remuneración de la Policía Nacional por el mismo servicio. Según la acusación, esta duplicidad en los pagos, sustentada en resoluciones ejecutivas firmadas por Vladimir Cerrón y Fernando Orihuela, causó un perjuicio económico de S/ 68,500.
Bonificaciones irregulares
Uno de los documentos presentados por la Fiscalía en su acusación es Resolución Ejecutiva Regional N.° 125-2019-GR-JUNIN/GR, firmada por Cerrón, que autoriza una bonificación especial a los policías encargados de su seguridad. Posteriormente, Fernando Orihuela habría renovado dicha disposición cuando asumió el cargo de gobernador. Sin embargo, las bonificaciones fueron otorgadas a pesar de que las normas en las que se basaron habían sido ya derogadas, lo que hace que los pagos sean considerados ilegales por la Fiscalía.
El fiscal del caso argumentó que, además de autorizar pagos basados en normas derogadas, los exgobernadores habrían actuado en concertación con otros funcionarios para emitir órdenes de servicio fraudulentas, beneficiando a efectivos policiales que ya estaban asignados a sus equipos de seguridad de manera oficial.
Defensa sin éxito
Los abogados defensores de Cerrón y Orihuela argumentaron que las bonificaciones otorgadas a los policías fueron procedimientos administrativos legítimos y que, en el caso de Cerrón, los pagos se hicieron cuando aún no había asumido formalmente el cargo de gobernador. Además, sostuvieron que los policías requerían compensaciones adicionales por las largas horas de trabajo dedicadas a la seguridad de las autoridades regionales.
No obstante, el juez consideró que las pruebas presentadas por la Fiscalía, incluidas resoluciones y órdenes de servicio, eran suficientes para continuar el juicio. “El sobreseimiento no es procedente cuando existen indicios claros de responsabilidad”, señaló el juez en su resolución.
Con esta decisión, el proceso continuará en la etapa de control de acusación, tras el cual iniciará el juicio oral, donde se determinará si los exgobernadores y los otros funcionarios implicados son responsables de los cargos que se les imputan.
Los hechos imputados
-
Vladimir Roy Cerrón Rojas (gobernador regional: enero 2019 – agosto 2019 / autor) y Carlos Wilfredo Zárate Villalobos (policía – partícipe necesario) – Delito: Colusión Agravada (Hecho N.º 1).
-
Mercedes Irene Carrión Romero, William Javier Acosta Laymito y David Moisés Llanco Flores – Delito: Negociación Incompatible (Hecho N.º 2).
-
Loly Wider Herrera Lavado (exgerente general / autor) y Edwin Mamani Cáceres (partícipe necesario) – Delito: Colusión Agravada (Hecho N.º 3).
-
Loly Wider Herrera Lavado (autor) e Yrineo Rodolfo Perales López (partícipe necesario) – Delito: Colusión Agravada (Hecho N.º 4).
-
Fernando Pool Orihuela Rojas (gobernador regional 2019-2022)- Delito: Negociación Incompatible (Hecho N.º 5).
-
Silvia Carmen Ticze Huamán – Delito: Negociación Incompatible (Hecho N.º 6).
-
Marcos Domingo Saravia Alvarado, Luis Gonzalo Martínez Huamán y Clever Ricardo Untiveros Lazo – Delito: Negociación Incompatible (Hecho N.º 7).
-
Clever Ricardo Untiveros Lazo (autor) y Staling Josep Aliaga Ortega (partícipe necesario) – Delito: Colusión Agravada (Hecho N.º 8).
-
Edwin Mamani Cáceres – Delito: Falsedad Ideológica (Hecho N.º 9).
-
Carlos Wilfredo Zárate Villalobos – Delito: Falsificación de Documentos, en agravio del Estado (Gobierno Regional de Junín), representado por la Procuraduría Pública Anticorrupción del Distrito Judicial de Junín.
