El lunes 26 de agosto, habitantes de la comunidad originaria Urinsaya se trasladaron hasta la ciudad del Cusco para respaldar a ocho comuneros y dos comuneras defensores ambientales de su localidad que enfrentan un proceso en el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial “A” de Cusco. Este caso ha captado la atención pública debido a presuntas irregularidades detectadas en el proceso judicial, así como a las acusaciones de criminalización de una comunidad originaria que protestó por la contaminación ambiental en su territorio.
La comunidad campesina de Urinsaya, situada en el distrito de Coporaque, provincia de Espinar, llegó a Cusco para apoyar a los diez defensores ambientales y exigir justicia. La movilización refleja el descontento frente a un proceso que, según los comuneros, ha sido marcado por inconsistencias y falta de pruebas sólidas.
Contexto del juicio contra defensores ambientales
En enero de 2020, la comunidad de Urinsaya se manifestó denunciando la contaminación ambiental y el incumplimiento de acuerdos ambientales por parte de una empresa minera Las Bambas que utiliza la carretera comunal. La situación empeoró cuando el gobierno reclasificó la vía comunal a vía nacional mediante la Resolución Ministerial N.º 054-2019-MTC, sin consultar previamente a la comunidad, lo que contraviene el Convenio 169 de la OIT. Durante la protesta social, la Fiscal de Espinar, Carmen Rosa Salas Achircana, acusó a diez defensores de Urinsaya por presunto secuestro, basándose en una denuncia presentada por un trabajador de una empresa de seguridad contratada por la minera Las Bambas. El denunciante afirmó no conocer a la mayoría de los acusados, quienes además dicen que no se encontraban en el lugar de los hechos. A pesar de la falta de pruebas y de presuntas irregularidades en la investigación, como la ausencia del abogado defensor durante las diligencias y la no declaración de un testigo clave, la Fiscalía ha solicitado penas de hasta 20 años de prisión y una reparación civil de diez mil soles.
Comunidad Urinsaya exige justicia en Cusco por juicio contra defensores ambientales
La movilización subraya la preocupación de la comunidad de Urinsaya por la aparente arbitrariedad en el inicio del proceso judicial. Los comuneros solicitan a la fiscal Marina Inés Supanta Cóndor, quien dirigirá el proceso, una investigación imparcial y justa. Además, piden al juez Miguel Ángel Castelo Andía que emita una resolución que respete los derechos de las comunidades campesinas, tal como lo reconocen la Constitución Política del Perú y el Convenio 169 de la OIT. El juicio contra defensores ambientales ha puesto en evidencia las tensiones entre las comunidades originarias, las autoridades judiciales y las empresas mineras, en un caso que podría tener implicaciones significativas para la defensa de los derechos ambientales y territoriales en el Perú.
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