Una delegación de familiares de las víctimas de las protestas de Pichanaqui se alista para participar en las marchas contra Dina Boluarte este 27, 28 y 29 de julio en Lima, fechas en que también se celebran las Fiestas Patrias.
Luego de un año y medio de la muerte de tres personas el 16 de diciembre de 2022, quienes mantenían bloqueado del puente Pichanaqui como protesta contra el gobierno recién iniciado de Dina Boluarte, lograron organizarse en la “Asociación de familiares asesinados y heridos del 16 de diciembre de 2022”, con el que buscarán justicia para sus seres queridos.
La represión de las fuerzas del orden aquel 16 de diciembre, dejó también 52 heridos, 9 de ellos policías, pero solo 22 son parte de las investigaciones de la Fiscalía que responsabiliza a tres oficiales de la Policía como presuntos autores de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio calificado, y por lesiones graves y leves.
La Fiscalía responsabiliza a los oficiales Gregorio Villalón, exjefe de la VI Macro Región Policial Junín; César Felipe Chávez Navarro, exjefe de la División Policial de Chanchamayo y Jonny James Vargas Ontón, excomisario de Pichanaqui, de haber omitido sus deberes en la dirección y ejecución de las operaciones policiales, así como la de supervisar el uso diferenciado y proporcional de la fuerza y de las armas de fuego en las manifestaciones.
Para financiar su traslado a Lima, las víctimas de esta ciudad de la selva central realizan una rifa. Han previsto que el sábado se reunirán con los familiares de las víctimas de otras regiones afectadas, como Ayacucho, Puno, Juliaca, Apurímac, Arequipa y Cusco.
Dina Boluarte: autora mediata, según Amnistía Internacional
En su nuevo informe ‘¿Quién disparó la orden?’, Amnistía Internacional analiza las responsabilidades en la cadena de mando sobre el actuar de la Policía y las Fuerzas Armadas en las protestas de sociales contra el Gobierno, entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.
La investigadora de organización de derechos humanos, Madeleine Penman, explicó que Amnistía Internacional accedió a las actas de los Consejos de Ministros realizadas durante las protestas y comprobó que la presidenta Dina Boluarte participó en 29 de estos consejos y en ninguno de ellos ordenó un cambio de táctica de la Policía y las Fuerzas Armadas, cuya acción dejó 50 muertes y alrededor de 1 400 heridos a nivel nacional.
“Hubo decisiones conscientes desde la presidenta de la República desde el día 1. La presidenta desoyó informes de inteligencia que afirmaban que las personas manifestantes no tenían vínculos con terroristas ni criminales, y que el número de personas en las calles no ameritaban la presencia de las Fuerzas Armadas”, dijo Penmam.
Por el contrario, la jefa de Estado, también jefa suprema de la Policía y las Fuerzas Armadas, decretó con el apoyo de su Consejo de Ministros un estado de emergencia, que, unido al discurso de que los manifestantes eran terroristas o grupos hostiles, habilitó la forma en que actuaron policías y militares.
“Dina Boluarte podría ser considerada como autora mediata por las graves violaciones a los derechos humanos en las protestas”, afirmó Madeleine Penman.
