Fundadora del partido Batalla Perú contrató con el Gobierno Regional de Junín hasta por 64 mil soles

La excampañista de Sierra y Selva Contigo Junín, Keelin Melissa Turco Huaman, consiguió contratos con el gobierno regional de Junín entre abril y setiembre del 2023 por S/ 64 mil. Ella figura como la fundadora y personera legal de Batalla Perú, partido en proceso de inscripción vinculado a Zósimo Cárdenas.
Fundadora de Batalla Perú consiguió contratos por S/ 64 mil con el gobierno de Junín
Max Rodriguez
Max Rodriguez
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La fundadora de la organización política Batalla Perú y exmilitante de Sierra y Selva Contigo Junín consiguió contratos con el gobierno regional de Junín entre abril y setiembre del 2023, por la suma de S/ 64 mil.

Se trata de Keelin Melissa Turco Huamán, ingeniera ambiental de profesión, exmilitante del movimiento regional Sierra y Selva Contigo Junín y actual personera legal de la agrupación política en proceso de inscripción que pretende llevar a Zósimo Cárdenas como candidato el 2026, Batalla Perú.

Turco Huamán brindó los servicios de especialista en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente por S/ 12 mil, además de supervisar el proyecto de sistema de agua potable y alcantarillado en Satipo por S/ 24 mil.

También brindó sus servicios para la obra de mejoramiento de la carretera JU-108, tramo Palian – Pariahuanca, siendo remunerada con S/ 28 mil.

Keelin Melissa fue una entusiasta promotora de la última campaña de la naranja y Zósimo Cárdenas, como pudimos verificar en redes sociales. Actualmente, figura como fundadora y personera legal de Batalla Perú.

Esta organización está vinculada al gobernador de Junín, pues es integrada por sus expartidarios e inicialmente promocionó a Cárdenas como candidato presidencial, aunque es posible que las aspiraciones hayan cambiado.

Recientemente, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) advirtió que Keelin Huamán Turco es hermana de la directora de la agencia agraria de Chupaca, Cynthya Turco Huamán, por lo que recomendó al gobierno regional evaluar si existen impedimentos para que la proveedora pueda contratar con el Estado.