Los jueces de la Primera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria, del Poder Judicial, consideraron como crímenes de lesa humanidad a las violaciones sexuales que entre 1984 y 1995 sufrieron las mujeres de los distritos de Manta y Vilca, en Huancavelica, por militares de la base anti subversiva, instalada allí con la misión de proteger al pueblo de los grupos terroristas.
De acuerdo con la sentencia, siete militares cumplirán 10 años de prisión; y otros tres, 8, 6 y 12 años de cárcel, respetivamente. Otros tres imputados están como reos contumaces y con uno se cortó el proceso judicial. En tota, 13 militares implicados en el caso.
Estos con los condenados a 10 años de cárcel
- Rufino Donato Rivera Quispe, (autor directo)
- Vicente Yance Cahuallahuacho, (autor directo)
- Epifanio Delfín Quiñones Loyola, (autor directo)
- Amador Gutiérrez Lizarbe, (autor directo)
- Raúl Ángel Pinto Ramos, (cómplice primario)
- Arturo Hernán Cimarra García, (cómplice primario)
- Lorenzo Inga Romero, (autor directo)
La Sala determinó para el acusado Martín Sierra Gabriel, ocho años de pena privativa de la libertad como autor directo del delito contra las buenas costumbres, la libertad y el honor sexual, “sancionado en el artículo 196 del Código Penal de 1924, con las agravantes tipificadas en el artículo 51 del mismo cuerpo normativo, considerados como delito de lesa humanidad en el artículo Siete del Estatuto Roma”, dijo la Sala.
Asimismo, Pedro Chanel Pérez López fue sentenciado a seis años de prisión efectiva y Sabino Rodríguez Valentín Rutti, a 12 años de cárcel.
Todos ellos deben pagar S/ 100 mil por reparación civil a cada una de las nueve mujeres víctimas, quienes tras 20 años de lucha judicial lograron esta sentencia.
Los jueces se reservan la sentencia contra los acusados Julio Julián Meza García, Gabriel Edwin Carrasco Vásquez y Diómedes Gutiérrez Herrera por estar en condición de reos contumaces. La sala cortó el proceso contra Dionisio Alvaro Pérez.
En 2003, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) identificó a 34 víctimas de agresiones sexuales por militares de la base militar y lo presentó al Ministerio Público, institución que en 2004 formalizó denuncia contra miembros de la base militar identificados por sus seudónimos como agresores de 12 víctimas.
En el 2009 inició el primer proceso judicial que en el 2017 se quebró debido al favorecimiento de los jueces hacia los acusados y el Poder Judicial ordenó un nuevo juicio en otro tribunal.
En 2019 inició este segundo juicio, que luego de aproximadamente dos años y medio llegó a su final con la lectura de sentencia.
MIRA EL VIDEO DE LA LECTURA DE SENTENCIA