La llamada ley de la impunidad, que permite la prescripción de delitos de lesa humanidad cometidos hasta antes de 2002, dejará sin sanción a los responsables de delitos contra los derechos humanos, en al menos 62 casos de la región Junín, que son investigados por el Ministerio Público.
Así quedó consignado en un informe que presentaron las Fiscalías de Derechos Humanos e Interculturalidad del Distrito Fiscal de Junín, y que sirvió de base para que el Ministerio Público rechace la aplicación de esta reforma constitucional del Congreso, que necesita una segunda votación para que entre en vigencia.
“Nadie será procesado, condenado, ni sancionado por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, por hechos cometidos con anterioridad al 01 de julio de 2002, bajo sanción de nulidad y responsabilidad funcional. Ningún hecho anterior a dicha fecha puede ser calificado como delito de lesa humanidad o crímenes de guerra”, dice el texto aprobado en primera votación la semana pasada.
La Fiscalía Penal Supranacional Transitoria Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Junín informó que se encuentra investigando 29 casos de violaciones de derechos humanos que corresponden al periodo de violencia 1980-2000, que serían archivados si el Congreso confirma el referido proyecto.
📢 Junta de Fiscales Supremos expresa postura institucional de rechazo al proyecto de ley que precisa la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en legislación peruana, debido a sus implicancias negativas.
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— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) June 13, 2024
Esa medida dejará en el “desamparo el pedido de justicia de los directamente agraviados en los 4 casos de tortura, así también el pedido de los familiares de los agraviados en 27 casos, entre ellos delitos de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, homicidio, entre otros”, advirtió esta Fiscalía.
Por su parte, la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Junín, informó que tiene una carga fiscal relacionada con delitos de grave violación a los derechos humanos, en 33 casos de desaparición forzada, 6 casos de tortura y 3 de homicidio.
Entre estos casos, se encuentran los casos emblemáticos como el de la UNCP, Paccha, Evangélicos y otros.
A nivel nacional, serán afectados 600 casos de graves violaciones a los derechos humanos.
