Con 60 votos a favor, el pleno del Congreso de la República, aprobó en primera votación la Ley que permite la impunidad en casos de graves violaciones a los derechos humanos, pues permite la prescripción de delitos de lesa humanidad, cometidos hasta antes de 2002, año en que el Perú se adhirió al Estatuto de Roma y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad.
“Nadie será procesado, condenado, ni sancionado por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, por hechos cometidos con anterioridad al 01 de julio de 2002, bajo sanción de nulidad y responsabilidad funcional. Ningún hecho anterior a dicha fecha puede ser calificado como delito de lesa humanidad o crímenes de guerra”, dice el texto aprobado y que será sometido a segunda votación en siete días.
De acuerdo con expertos en defensa de los Derechos Humanos, esta ley es una reedición de la Ley de Amnistía, dictada en la década de 1990, en el gobierno de Alberto Fujimori, pues, como antes, busca proteger responsables de delitos contra los derechos humanos que ya tienen sentencia y otros que se encuentran en proceso judicial.
Caso UNCP
El caso de las desapariciones forzadas de la Universidad Nacional del Centro (UNCP), por ejemplo, se encuentra en fase de juicio oral, en la Corte Penal Nacional, que dentro de poco debe dictar su sentencia.
En este caso, son procesados altos mandos del Ejército, quienes tuvieron a su cargo la 31 Brigada de Infantería de Huancayo, a quienes se les responsabiliza por la desaparición y ejecución extrajudicial de 62 estudiantes de la UNCP.
- Manuel Delgado Rojas, comandante general de la 31 Brigada de Infantería de 1989 a 1990.
- Elías Espinosa del Valle, jefe del Estado Mayor de la 31 División de Infantería, 1990.
- General EP Luis Pérez Documet, comandante general de la 31 División de Infantería, 1991.
- Manuel Juan Viller Bachaves, miembro del Estado Mayor, 1991
- Luis Manuel Delgado de la Paz, miembro del Estado Mayor, 1992
- Danilo González Campana, G2 de la sección de inteligencia del Estado Mayor, 1992
- Boris Adolfo Rojas Esquivel, oficial de la 31 División de Infantería, 1992
- Robuan David Jaime Sobrevilla, comandante general de la 31 División de Infantería, 1993.
Casos Manta y Paccha
El caso de las violaciones a las mujeres de las comunidades de Manta y Vilca, en Huancavelica, por miembros del Ejército, que se posicionó como máxima autoridad e instaló su base militar el 21 de marzo de 1984.
Lejos de proteger a la población, abusaron de las mujeres, quienes eran adolescentes, quechuahablantes y campesinas. Este caso también se encuentra en proceso judicial.
Las investigaciones en el caso de la desaparición forzada de diez comuneros de la comunidad de Paccha, en el distrito de El Tambo, en Huancayo, ocurrido en 1992, se encuentran bastante avanzadas por la Fiscalía de Derechos Humanos de Junín, entidad que se encuentra próxima a restituir a sus familiares los restos exhumados de una oquedad en los cerros de Ingenio.
El texto aprobado afectaría estos tres casos y otros a nivel nacional.
