Dos recientes acciones han colocado al Perú en una situación preocupante, tanto a nivel nacional, como internacional.
La primera se trata de un reciente informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica sobre los Derechos Humanos en el Perú. Y, la segunda, una decisión del Tribunal Constitucional que echó por la borda una medida Cautelar del Poder Judicial que retrotraía la destitución arbitraria de dos miembros de la Junta Nacional de Justicia aplicada por el Congreso.
Ejecuciones arbitrarias, torturas y tratos crueles, restricciones a la libertad de prensa, violencia generalizada contra la mujer, la grave corrupción gubernamental, entre otras, han provocado que el Departamento de Estado califique a nuestro país de estar en una situación crítica, puesto que existe un constante y delicado deterioro de la institucionalidad democrática.
Es decir, la democracia peruana cada vez más se halla en grave peligro.
Este delicado problema ha llevado a que distinguidos juristas sostengan que en estos momentos existen las condiciones para que la Organización de Estados Americanos (OEA) aplique la Carta Democrática en el Perú. Esto significa que ante la gravedad de los acontecimientos intervenga la OEA, convocando a un diálogo nacional con la participación de todas las fuerzas políticas, las instituciones sociales y el gobierno, buscando una solución a la grave crisis.
Esta medida no debe interpretarse como un “golpe de Estado”, sino como un auxilio cuando las instituciones básicas de la democracia pierden independencia, el sistema electoral se pervierte y la separación de poderes desaparece avasallado por uno de ellos. En el caso del Perú, esa institución avasalladora y que todo lo ha prostituido es el Congreso de la República.
La otra decisión que ha trastornado al país acaba de cometerla el Tribunal Constitucional, pues, obedeciendo las órdenes de un Congreso mafioso, ha pisoteado al Poder Judicial con la finalidad de destituir a como dé lugar a dos integrantes de la Junta Nacional de Justicia.
Este zarpazo crea una inseguridad jurídica, atropellando las acciones cautelares que garantizan el cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas, instituciones y hasta de inversionistas.
Frente a los graves hechos mencionados, muchos analistas refieren que la única forma de lucha para salvar al país, es la movilización popular. Una movilización que sea homogénea y unitaria, superando la división y fragmentación en los sectores populares, que desgraciadamente prevalece todavía.
