Familiares de víctimas de la violencia política que azotó el Perú de 1980 al 2000, rechazaron la pretensión del Consejo Regional de Seguridad Ciudadana, de utilizar las instalaciones del lugar de la memoria “Yalpana Wasi”, ubicado en Chilca, en Huancayo, para el funcionamiento de la unidad de flagrancia de la ciudad.
Esta unidad reúne a policías, jueces y fiscales para la condena inmediata de delincuentes atrapados en el momento mismo de la comisión de un delito. Que estos despachos se instalen en el Yalpana Wasi dependen ahora de que sea aprobado por el Consejo Regional, aunque esta máxima instancia del Gobierno Regional de Junín aún no ha recibido tal petición.
La exministra de Cultura Gisella Ortiz Perea, representante de los familiares de las víctimas del caso La Cantuta, exhortó al Gobierno Regional que respete el derecho a la memoria de las víctimas, pues ese es el propósito que cumple el Yalpana Wasi, que es parte de las reparaciones simbólicas implementadas por el Estado.
“Para nosotros los lugares de memoria son espacios de mucho significado. Por ejemplo, para los familiares de las víctimas de desaparición forzada son como tumbas sin cuerpo que sirven para conmemorar a un ser querido”, explicó Ortiz Perea.
En ese sentido, el Yalpana Wasi cumple también una función pedagógica, pues cuenta la historia de la violencia interna, comparte el testimonio de las víctimas; las causas que generaron la violencia para que las generaciones la conozcan y se pueda evitar una repetición de la historia.
La exministra lamentó que en el Perú no haya una política de memoria, como sí lo hay en Alemania, por ejemplo, donde abundan los lugares de memoria y museos del genocidio contra el pueblo judío. En nuestro país, en cambio, estos espacios son generados, en la mayoría de los casos, por iniciativa de las familias o autoridades sensibles a este tema.
“Los familiares de La Cantuta nos sentimos parte de un movimiento nacional y levantamos nuestra voz para defender nuestro derecho a la verdad, a la justica y a la memoria, como formas de reparación”, afirmó Gisella Ortiz.
Autoridades subestiman a víctimas
Por su parte, la excongresista Indira Huillca, hija del dirigente sindical Pedro Huillca, opositor a Alberto Fujimori asesinado en 1992, sostuvo que las víctimas del conflicto armado de la región Junín, tienen derecho a un lugar de la memoria porque estos sitios permiten compartir el testimonio de las víctimas.
Pero, Huillca lamentó que haya autoridades que subestiman a las víctimas y las estigmatizan. “Los familiares de las víctimas de la región Junín han encabezado esta lucha y si nos quitan el Yalpana Wasi, sería algo que nos afecta a todos”, explicó.
Por su parte, el titular de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Junín, Javier Rojas, dijo que su despacho está en desacuerdo con que el lugar de la memoria de Huancayo sea usado para instalar la unidad de flagrancia; institución necesaria en la lucha contra la inseguridad ciudadana, pero debe funcionar en otro lugar, o acelerar su construcción el terreno destinado para ello en la urbanización La Merced.
