Una sorda lucha con malas artes, malicias y leguleyadas ha emprendido la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, para salvar su suspensión que este miércoles podría decidir la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
Y en esta desesperada lucha Benavides no está sola. Por supuesto que sigue jugando en pared con esa mayoría congresal mafiosa que ya emprendió nuevas acciones buscando destituir a la JNJ a como dé lugar.
Como el primer intento de deshacerse de la JNJ se cae tras destaparse el escándalo protagonizado por Benavides y el Congreso, ahora este último ha fabricado una nueva denuncia contra la JNJ con malas artes y leguleyadas. El objetivo de la mafia congresal es clarísimo: Contraatacar a la JNJ y proteger a Benavides.
Lo que hace este Congreso es ya desvergonzado y no guarda ni siquiera las apariencias. Lleva adelante una política de destrucción de instituciones garantes de la nuestra precaria democracia, dando leyes, acomodando o modificando la Constitución de acuerdo a los intereses de congresistas mafiosos y de sus agrupaciones políticas.
“Lo que hace este Congreso es ya desvergonzado y no guarda ni siquiera las apariencias. Lleva adelante una política de destrucción de instituciones garantes de la nuestra precaria democracia”
Esta situación de inestabilidad política, a la vez, tiene mucho que ver en la honda crisis económica que lacera al país, expresada en un proceso de recesión y la falta de inversión en el sector privado. Un ejemplo palmario nos muestra una última encuesta del Banco Central de Reserva donde se señala que los empresarios manifiestan su reticencia a invertir, a no hacer negocios y a no generar empleos, debido a la permanente inestabilidad política que vivimos con su secuela de escándalos insostenibles.
A esto se añade la grave situación de inseguridad ciudadana que nos sigue azotando.
Y eso no es todo. Un reciente informe de la Contraloría refiere que alrededor de dos millares de familiares de funcionarios públicos contrataron con el Estado por más de 584 millones de soles y de manera corrupta.
Asimismo, 700 trabajadores del Gobierno se encuentran inhabilitados de ejercer la función pública. Sin embargo, siguen allí vivitos y 0coleando.
Por su parte, el pueblo ha decidido movilizarse y protestar, pues se anuncian marchas para mañana jueves, viernes y sábado. Los que saldrán a las calles exigen las renuncias de Dina Boluarte, de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides y la clausura del Congreso, bajo la consigna: “Que se vayan todos” y adelanto de elecciones generales.
