La fiscal superior especializada en violencia contra la mujer, Brenda Montenegro Arenaza, demandó presupuesto para el financiamiento de traductores de lenguas originarias para el recojo de testimonios de las víctimas de violencia en su lengua materna y facilitar su acceso a justicia.
La magistrada, coordinadora de las Fiscalías Especializadas en Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Junín, explicó a Huanca York Times que el 10 % de los casos de violencia demandan la presencia de traductores oficiales de lenguas originarias.
“Se requieren traductores de quechua huanca, quechua chanca para las declaraciones de las víctimas: niños, niñas, adolescentes y mujeres en la cámara Gesell”, dijo la fiscal. También son necesarios traductores en asháninka, nomatsiguenga y otros para la selva central.
“La víctima debe sentirse cómoda, declarando en su propia lengua”, agregó.
Desde que en julio del 2022 comenzaron las fiscalías especializadas en violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar en Junín, estos despachos tienen una carga procesal acumulada de 11 mil casos. En 1 100 casos (10%) se necesitan intérpretes, quienes actúan en la entrevista única con cámara Gesell, en la cual también está presente el juez.
Hasta el momento, dice la fiscal Montenegro, el Ministerio Público ha pedido el apoyo voluntario de personas dedicadas a la enseñanza de estas lenguas; pero, sostuvo, es necesario que el Gobierno Regional u otra institución que forma parte del sistema de lucha contra la violencia hacia la mujer, asigne un presupuesto para el pago de los intérpretes de lenguas originarias, certificados y registrados por el Ministerio de Cultura.
El último miércoles, al Consejo Regional de Junín aprobó por unanimidad el Plan de Acción Regional Contra la Violencia de Género, hasta el 2026.
