Tres días después de que los trabajadores del complejo metalúrgico de La Oroya reiniciaran las actividades de la fundición, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) deliberó hasta este viernes su sentencia sobre la afectación a los derechos humanos por la contaminación en esta ciudad.
La demanda presentada en 2006 por 80 pobladores alega “que el Estado incumplió sus obligaciones inmediatas en materia del derecho a un medio ambiente sano y a la salud, así como su obligación de lograr progresivamente la realización plena de dichos derechos”, en La Oroya.
El abogado del caso, Christian Huaylinos, proyectó que la sentencia de la Corte IDH será pública en diciembre; en tanto pidió estar vigilantes para que la reactivación del complejo metalúrgico, después de 13 años, no implique regresar a las épocas de la contaminación de esta ciudad por metales pesados, entre ellos el plomo.
El letrado recordó que, a la reactivación del circuito de zinc, que ocurrió el martes 17 de octubre, le seguirán los de plomo y luego de cobre; precisamente aquellos que necesitaban una modernización tecnológica para reducir las emisiones de contaminantes al medio ambiente.
De acuerdo con información de la empresa Metalurgia Business Perú SAA, formada por los extrabajadores de Doe Run Perú, quienes en el 2022 recibieron los activos del complejo metalúrgico como forma de pago de sus deudas, tuvieron que invertir 18 millones de dólares en el circuito de zinc para ponerla a funcionar.
Pero es el circuito de cobre el que necesita mayor inversión, principalmente en la construcción de una planta de tratamiento de ácido sulfúrico.
Que no volvamos a la contaminación
El especialista ambiental de la Red Muqui, Elvis Alejandro Berrospi, señaló la necesidad de mantenerse vigilantes al cronograma establecido para poner a funcionar todos los circuitos, para evitar la contaminación que ocurrió en décadas pasadas.
En 2011, La Oroya era considerada la segunda ciudad más contaminada del mundo, por debajo de Chernobyl, ubicado en Ucrania, de acuerdo con el Instituto Blacksmith. Diferentes estudios de monitoreos ambientales de la época, ubicaron como principal fuente de contaminación al complejo metalúrgico de La Oroya.
Uno de los metales pesados en alta concentración en la sangre de las personas fue el plomo. Un monitoreo en 2005 de la Dirección Regional de Salud de Junín, halló que el 99.9 por ciento de niños menores de 5 años de La Oroya Antigua sobrepasaban los niveles de plomo en la sangre permitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El presidente del Directorio de Metalurgia Business Perú SAA, Luis Castillo Carlos, prometió el cumplimiento de los estándares de calidad ambiental en las operaciones del complejo.
