En el límite entre el distrito de Pichari, en la región Cusco, y el distrito de Río Tambo, en Junín, se ubica la comunidad asháninka Catungo Quimpiri. En este lugar del país existe una fuerte presencia de narcotráfico, tala ilegal e invasión de tierras; economías ilegales que constituyen un alto peligro para los ciudadanos.
Desde 2019, la Central Asháninka del Río Ene (CARE), organización que agrupa a 19 comunidades y 33 anexos de la cuenca del río Ene, trabaja para garantizar la protección de todos los miembros de esta comunidad nativa, que solicita con urgencia al gobierno poner en marcha la georreferenciación de su territorio.
CARE busca reafirmar su seguridad jurídica para que las personas que realizan invasiones a sus tierras ancestrales tengan pleno conocimiento que su accionar constituye un delito. Pese a que la comunidad nativa cuenta con un título de propiedad inscrito en la Sunarp, su territorio es constantemente vulnerado.
La abogada de CARE, Irupé Cañari, dijo a Inforegión que “Catungo Quimpiri tiene serios problemas en cuanto a invasiones de colonos cocaleros dentro de su territorio y la mayoría de ellos son migrantes”.
“Hay una deforestación masiva del bosque para realizar el cultivo ilícito de hoja de coca, incluso se ha encontrado pozos de maceración en la zona”, advierte la abogada.
Desde hace varios años, la jefa de la comunidad asháninka, Clementina Shinquireri Quispe, se encuentra amenazada de muerte por los grupos ilegales dedicados a estas actividades. En octubre de 2021, la lideresa indígena solicitó protección al Estado por medio del Mecanismo Intersectorial de Defensores. Pero hasta el momento no ha tenido acceso a ninguna medida preventiva.
“La jefa en la actualidad está siendo amenazada y hemos pedido la intervención del Ministerio de Justicia para que pueda estar inscrita en el Registro de Personas de Alto Riesgo. Ya hemos interpuesto muchas veces diversas denuncias ante el FEMA [La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental – FEMA]”, indica Irupé Cañari.
Desde el 2017, la comunidad nativa Catungo Quimpiri ha interpuesto 12 denuncias por delitos ambientales ante la FEMA del distrito de Ayna San Francisco, región Ayacucho. Como respuesta a ello, los grupos ilegales han presentado denuncias contra los miembros de la comunidad indígena luego de que estos, como parte de sus actividades de patrullaje y vigilancia, incautaran algunos de sus objetos utilizados para talar sus bosques.
“Catungo Quimpiri ha hecho la incautación de motosierras y diversas herramientas que le sirven a los colonos para la tala ilegal, pero incluso las personas que han hecho el patrullaje han sido denunciadas por hurto”, señala Cañari.
Conseguir la georreferenciación de su territorio se ha convertido en una demanda urgente para garantizar su seguridad jurídica, reducir los conflictos territoriales y realizar la actualización de su plano con las coordenadas exactas. No obstante, existe la posibilidad de que Catungo Quimpiri no pueda acceder al otorgamiento de este plano de propiedad localizado.
Catungo Quimpiri: Punto de partida de la controversia
En el Perú, las direcciones regionales de Agricultura son las encargadas de realizar el trabajo de georreferenciación, bajo las normas, directivas y lineamientos dispuestos por la Dirección General de Saneamiento de Propiedad Agraria y Catastro Rural (Digespacr).
Este es el órgano rector del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) que contribuye a facilitar los deslindes y titulación de predios individuales a comunidades nativas y campesinas, además de establecer las reglas para la adecuada administración de los bienes territoriales o llamados catastros a través del Sistema Catastral Rural (SCR).
En 2022, CARE participó en distintas reuniones con representantes de la Gerencia Regional de Agricultura Cusco (Geragri) y la Dirección Regional de Agricultura de Junín (DRAJ). En una de ellas, la organización indígena buscó nuevamente poner en agenda su pedido de georreferenciar la comunidad nativa Catungo Quimpiri, amenazada por el avance del narcotráfico y la tala ilegal.
Tras casi un año de búsqueda del financiamiento, a inicios de 2023 la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), con la que CARE tiene un convenio, asumió el compromiso extraordinario de transferir un presupuesto para que finalmente se ejecute el trabajo de georreferenciación.
Posterior a ello, Devida se reunió en primera instancia con la Gerencia Regional de Agricultura Cusco (Gregari) para dialogar sobre la realización del trabajo, pero esta habría comunicado que, por decisión unánime, dejaba en manos de la DRAJ su implementación. Por tal razón, el organismo antidrogas terminó transfiriendo dicho fondo a la DRAJ.
Según la Digespacr, las dos Direcciones Regionales de Agricultura, tanto de Cusco como de Junín, son competentes de realizar la georreferenciación. Pero, según la abogada de CARE, Irupé Cañari, a la fecha no se han puesto de acuerdo para evaluar cuál de las dos dependencias llevará a cabo el trabajo a favor de la comunidad nativa.
“Catungo no es el único, hay muchas comunidades que territorialmente pertenecen a dos regiones”, comenta Cañari.
Georreferenciación urgente: ¿Qué opina el Midagri?
Para el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), si bien los límites departamentales los deberán asumir ambos, de acuerdo con los procedimientos establecidos en la normativa de demarcación, la georreferenciación solo podría ser hecha por Gerencia Regional de Agricultura Cusco (Gregari), debido a que gran parte del territorio de Catungo Quimpiri (90% aproximadamente, asegura Midagri) se encuentra dentro de la jurisdicción del distrito cusqueño de Pichari.
Sin embargo, autoridades locales cusqueñas se han opuesto públicamente a la georreferenciación a favor de la comunidad nativa, aduciendo que el Gobierno Regional de Junín intenta invadir parte del territorio que también pertenece a la región de Cusco.
Entre los opositores se encuentran Hernán Palacios Tinoco; alcalde del distrito de Pichari y Alex Curi Leon; burgomaestre de la provincia de La Convención. A fines de marzo de este año, durante una entrevista con Radio Tropikana 102.5 FM centro Vraem, el alcalde de la provincia de La Convención, Alex Curi León, en compañía de los regidores municipales provinciales Jaime Navarro, Saul Godoy y Percy Perales, declaró:
“No pueden hacer ningún trabajo técnico de georreferenciación cualquiera sea el objetivo y lamento decir que Devida ha financiado este trabajo, y por lo tanto, llegaremos hasta la PCM. Contundente mi posición, primero, para defender nuestro territorio, nuestra soberanía y exigir al gobierno nacional, porque esto es un tema de competencia de la Secretaría de Demarcación Territorial”.
Sobre estas declaraciones, Ángel Pedro Valerio, presidente de CARE señaló: “Nos hemos reunido en Catungo Quimpiri con la presencia del alcalde provincial de La Convención, pero ha rechazado la actividad de georeferenciación por parte de la región Junín y se ha quedado paralizado este tema. Lastimosamente, también Pichari se ha levantado en contra, aduciendo que la región Junín quiere invadir su territorio. Nosotros hemos decidido estratégicamente que el trabajo lo haga [la Dirección Regional de Agricultura de] Junín por una cuestión de viabilidad”.
Por su lado, la abogada de CARE, Irupé Cañari opinó que: “[La gestión provincial de La Convención y el distrito de Pichari] están politizando la georeferenciación de Catungo [Quimpiri], confundiendo el conflicto limítrofe entre Junín y Cusco, con georreferenciación, perjudicando a la comunidad, que nada tiene que ver con el conflicto entre ambas regiones”.
De acuerdo con Clementina Shinquireri Quispe, jefa de la comunidad nativa Catungo Quimpiri, ellos no reciben apoyo por parte de Pichari. Consideró que la georreferenciación es necesaria para evitar el avance de los invasores de tierras y personas foráneas presuntamente vinculadas al narcotráfico.
“Las invasiones no se van a detener si no hacemos la georreferenciación. En mi posición, yo le dije al señor [Hernán] Palacios [alcalde distrital de Pichari] ‘nosotros le hemos pedido varias veces que nos apoye, pero no hay resultado’. Nosotros, como organización, hemos tenido que ir a buscar presupuesto a otras instituciones, pero tienen que trabajar los dos juntos [los gobiernos regionales de Junín y Cusco]”, indicó Shinquireri.
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