Todos los días en la radio, la televisión y en los impresos se vierten quejas por diversos problemas. La población culpa a las autoridades de las obras detenidas y que nunca se acaban. Por la falta de saneamiento (agua y desagüe). Por la diaria carencia del líquido elemento. Por el ingreso irregular a los puestos de trabajo en hospitales, centros educativos y en las entidades públicas en general.
La gente sabe que en medio de todo este culebrón existe corrupción, amiguismo, favoritismo, compadrazgo, tráfico de influencias, acosos sexuales por puestos de trabajo, pago de favores políticos, entre otras infamias e inmoralidades.
Pero las quejas llegan solo hasta la grita, la denuncia y de allí no pasan. Nuestras autoridades que se hacen los ciegos, sordos y mudos siguen haciendo de las suyas con mayor sinvergüencería y seguros de que no les pasará nada. Los diagnósticos de la Contraloría en su mayor parte quedarán en papeles impresos que con el tiempo acabarán amarillándose.
Los alcaldes y el gobernador regional son conscientes que fueron elegidos por cuatro años y consideran que tienen “carta blanca” para realizar lo que les da la gana. En el caso de los congresistas son cinco años. Nadie les dirá nada y menos nadie podrá moverlos de sus sillones donde se encuentran apoltronados.
Si todo esto es así, entonces qué hacer.
“La gente sabe que existe corrupción, amiguismo, favoritismo, compadrazgo, tráfico de influencias, acosos sexuales por puestos de trabajo, pago de favores políticos, entre otras infamias e inmoralidades”
Existen dos instancias con amparo legal y constitucional que puede hacer uso la ciudadanía para luchar contra la anomia social, la arbitrariedad y la corrupción infestada en el aparato municipal y regional. Estas son la Participación Ciudadana y la Vigilancia Ciudadana. Ambas están íntimamente ligadas.
En el marco de la Participación Ciudadana se podrían impulsar las asambleas ciudadanas, cuya organización debería partir de la misma comunidad consciente de sus derechos y deberes. Cuya finalidad es actuar en función de intereses sociales (educación, salud, vivienda, seguridad, medio ambiente y otros).
Respecto a la Vigilancia Ciudadana, es un derecho y mecanismo de participación que la ciudadanía ejerce para controlar la administración pública (comités vecinales, sindicatos, gremios, colegios profesionales). El objetivo es fortalecerla y concertar propuestas que faciliten el desarrollo integral de las personas.
La vigilancia ciudadana puede recurrir a distintas acciones, como son las veedurías ciudadanas, la movilización social, el debate en los espacios públicos, las denuncias por diferentes canales de comunicación y en los órganos estatales de control y fiscalización.
Todo esto es posible hacerlo. Lo que falta es iniciativa y decisión de la ciudadanía. Nadie quiere comprometerse y por ende cunde el desinterés y la inconsecuencia. De esto se valen las autoridades para seguir cometiendo abusos e irregularidades de manera impune.
