“Nuestra historia es una historia de luchas para poder vivir tranquilamente en nuestro territorio”[1] sostuvo Santiago Manuin, líder Awajún, al recibir el Premio Derechos Humanos “Andrés Escobar Jurado 2014” de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos por su defensa a la Amazonía.
Lo dicho por Manuin refleja cómo ha sido el proceso de construcción social de los pueblos originarios del Perú. Si revisamos la historia, se observa que los pueblos andinos amazónicos registran diversas luchas para proteger sus territorios para su bienestar de vida. Dicho de otra forma, el Estado no ha llevado los servicios básicos en los pueblos de la periferia por benevolencia, sino que los mismos pueblos lograron conseguir con medidas de reclamo.
Uno de los mecanismos principales aplicados para ser escuchados de los pueblos andinos amazónicos a lo largo de la historia es la protesta. No hay otra forma como hayan podido resolver los problemas graves, complejos o críticos que les afecte directamente en su territorio, al menos que en su territorio haya materias primas. Es decir, el territorio de un pueblo andino amazónico suele ser prioridad para el Estado solo porque hay recurso natural a extraer como la mina, petróleo, madera, entre otras.
“En un país controlado por un grupo de poder político y económico, sesgado por el racismo y discriminación, la justicia e igualdad es una hipocresía, es solo una utopía”
En otras palabras, los conflictos socioambientales o territoriales como el Baguazo, Aymarazo, Apurimazo, Arequipazo, … son ejemplos que demuestran que, históricamente, han tenido que exigir al gobierno para ser escuchados, para llevar a la agenda política sus intereses o problemas, incluso perder la vida por reclamar sus derechos. Por eso, tomar el control de instituciones públicas o privadas de envergadura como medida de protesta no es reciente, no es nuevo ni lo será, si el Estado no se fortalece a nivel institucional, no construye un mecanismo de diálogo sistemático, ni tiene capacidad de resolver los conflictos de manera diplomática, respondiendo los intereses de los involucrados. Algo característico que considerar en este aspecto, es que el malestar social habitualmente ocurre en lugares pobres, con carencia de servicios básicos o precarios.
En ese sentido, las últimas protestas se concentraron en las regiones más marginadas del Perú con la población en mayoría indígena, que “ha sido objeto históricamente de discriminación y de desigualdad en su acceso a la participación política y ha permanecido en continua lucha por acceder a los derechos básicos de salud, vivienda y educación” (Amnistía Internacional, 2023). En esa línea, uno de los problemas permanentes es que, las autoridades del Estado peruano actúan con sesgo racista hacia las poblaciones andinas amazónicas, lo que confirma que el racismo es sistémico en el Perú. Por eso, la pérdida de la vida de esta población para el gobierno peruano es un número o estadística, nada más.
En específico, la discriminación y racismo es uno de los principales factores que explican el mayor número de muertos de pueblos originarios durante las protestas. Esto lleva a sostener que, en un país controlado por un grupo de poder político y económico, sesgado por el racismo y discriminación, la justicia e igualdad es una hipocresía, es solo una utopía. ¿O ser asesinado por el gobierno para ser una cifra más es parte de hacer la democracia sin justicia? ¿O qué tipo de democracia es esta?
“Gran parte de riqueza del país en pocas manos, poca riqueza en manos de la mayoría de la población es un problema que afecta la construcción de una sociedad democrática”
Otro problema que los peruanos (as) andinos amazónicos aún siguen viviendo es el asesinato y persecución judicial que también es sistemático, tampoco es nuevo. El gobierno desde años ha asesinado y hostigado a diversos líderes que han protestado en contextos de extractivismo[2]. Es el caso de la provincia de Espinar (Cusco), donde los dirigentes durante años son criminalizados, con numerosos heridos de la población[3]. Está también el caso de los 50 Awajún procesados sin pruebas ni evidencias por el Baguazo, mientras que los políticos del segundo gobierno aprista involucrados quedaron libres. Se suma a la lista los dirigentes criminalizados por protestar en contra de la actividad minera Tía María en Arequipa: Jesús Cornejo Reynoso, presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo y Jaime De la Cruz Gallegos, ex alcalde del distrito Dean Valdivia[4]; en Espinar: Oscar Mollohuanca, Sergio Huamani, entre otros.
La crisis actual que se vive en el Perú, que en el fondo no es tan reciente, es resultado y hartazgo de lo señalado en líneas anteriores. A esto se suma el divorcio de la clase política con la población; no hay diálogo ni será sencillo recuperar la confianza. Y, al igual que con la clase política, en el Perú no hay un tejido social entre la población y la clase empresarial. Esto se ve reflejado en el apoyo de este último al gobierno de Boluarte con 71%, al mismo gobierno que la población reprueba con 80% (IEP, 2023). Por eso, es compresible la alianza del gobierno de Boluarte y de gobiernos anteriores con las empresas, generalmente, dedicadas al extractivismo.
Así que, tal como los antecedentes históricos demuestran, en las últimas protestas hubo asesinatos del gobierno, persecución judicial, criminalización de dirigentes, abuso de poder. Esto es un patrón identificado y pendiente de trabajar a nivel del sistema estructural en el país; significa que, es señal de la necesidad de cambios profundos. Aunque hay mucha duda que suceda ello. Para Rendón (2023) cada movilización contestaria no sólo es desvirtuada con la ausencia de cambios sociales, sino que se añade algún candado más para evitar esos cambios. Avanza la movilización social, pero el sistema se cierra aún más. ¿A caso es posible esperar un futuro diferente y mejor cuando al final se sigue repitiendo la misma fórmula política que nos ha traído a esta realidad preocupante?
“Los problemas expresados en las protestas no se van a resolver con una política pública simple, superficial y de corto plazo. Es momento de un nuevo pacto social, económico, político y ambiental”
Por otro lado, la elevada desigualdad tiene correlación con la concentración de riqueza, el cual tiene incidencia en el debilitamiento de las instituciones democráticas. Es decir, gran parte de riqueza del país en pocas manos, poca riqueza en manos de la mayoría de la población es un problema que afecta la construcción de una sociedad democrática. Pero el problema no es la generación de riqueza, sino a costa de qué y el efecto de esta en la democracia (Alarco, Castillo y Leiva, 2019). Cabe señalar que, la concentración de riqueza es otra forma de decir la elevada desigualdad. O Durand (2019) diría que la concentración de riqueza es otro modo de captura del Estado, lo que explica que el interés particular está por encima de lo común. Según el Relator de la ONU, las protestas son un factor que muestran la pérdida de confianza en el orden democrático existente en el Perú y en sus instituciones[5]. Esto debería preocuparnos porque las reglas de juego no responden ni resuelven los problemas que afectan al país y a la población.
En tanto, Figueroa (2010) enfatiza que, si el grado de desigualdad es excesiva o injusta, generará desorden social, violencia y criminalidad, así como mayor inestabilidad política, corrupción, entre otros fenómenos. En ese sentido, para Alarco y Sanchium (2023) la raíz de los problemas relacionadas a las crisis sociopolíticas en un país como el Perú es la elevada desigualdad. Esto se repite en países latinoamericanos, lo que explica que el patrón del problema es similar. Por ejemplo, la elevada desigualdad fue la base de las protestas sociales con vidas perdidas en Chile, Ecuador, Argentina, Bolivia, Colombia y Venezuela[6]. Por eso, los problemas expresados en las protestas no se van a resolver con una política pública simple, superficial y de corto plazo, sino es momento de un nuevo pacto social, económico, político y ambiental (Alarco y Sanchium, 2023).
A modo de conclusión, para CIDH-OEA (2023) hay demandas políticas explícitas y coyunturales; en su base existen exigencias de comunidades campesinas y pueblos indígenas que deben ser atendidas. Entre ellas se encuentran el acceso a derechos en condiciones de igualdad y sin discriminación, mayor representación política, consulta previa sobre proyectos extractivos y la distribución equitativa de la riqueza que éstos generen. Incorporar esto en la agenda política nacional es un paso para entablar un diálogo que nos devuelva a recuperar la confianza en las autoridades nacionales, también para plantear propuestas comunes. Además, es ya una obligación plantear los cambios estructurales para responder los retos y desafíos a la luz de la crisis climática, considerada el riesgo más grave de la humanidad en esta nueva era.
Por último, se peca al afirmar que con las protestas la economía entra en crisis. Es cierto, hay pérdida recuperable a corto tiempo, pero esto se puede agravar si no hay cambios; si seguimos teniendo instituciones débiles del país capturados por la clase política y empresarial que solo priorizan su beneficio. Por eso, para Rodrik (2000) es indispensable una institucionalidad de calidad, si se pretende lograr el crecimiento económico sostenido a largo tiempo. En el contexto de la crisis del país, según el autor en el sentido económico, la reforma institucional no solo cambia los parámetros políticos, sino también las relaciones de comportamiento. Entre estas instituciones tiene que haber una especialmente encargada de la resolución de conflictos, más aún porque el Perú es un país conflictivo, donde más de 50% de conflictos es originado por las actividades extractivas, específicamente por la minería. Y Perú es de las naciones dependientes de la minería, por lo tanto, no cabe la duda de contar con una institución encargada de esta problemática.
Fuentes:
Alarco, G. y Sanchium, T. (2023). Una agenda postneoliberal. Propuestas económicas. Parte II. Otra Mirada.
Amnistía Internacional (mayo 25, 2023b). Racismo letal: Ejecuciones extrajudiciales y uso ilegítimo de la fuerza por los cuerpos de seguridad de Perú. https://www.amnesty.org/es/documents/amr46/6761/2023/es/
CIDH-OEA (2023). Situación de los derechos humanos en Perú en el contexto de las protestas sociales. https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2023/083.asp
CNDDHH (2023, 2 de junio). Del filo del abismo al abismo. https://derechoshumanos.pe/2023/06/informe-anual-2022/
Durand, F. (2019). La captura del Estado en América Latina. Reflexiones teóricas. PUCP.
Figueroa, A. (2010). Crecimiento versus calidad de vida. En G. Alarco (Ed.), Rutas hacia un Perú mejor: Qué hacer y cómo lograrlo (pp. 101- 128). PUCP
IEP (2023). Encuesta de estudios de opinión – junio 2023. https://iep.org.pe/wp-content/uploads/2023/06/IEP-OP-Junio-2023-Informe-completo-v2.pdf
Naciones Unidas (2023). Perú: Experto de la ONU pide rendición de cuentas y reforma política para superar la crisis. https://www.ohchr.org/es/press-releases/2023/05/peru-un-expert-calls-accountability-and-political-reform-overcome-crisis
Rendón, S. (2023). El triunfo del terrorismo de Estado en el Perú. IDEELE, (310). https://www.revistaideele.com/2023/06/07/el-triunfo-del-terrorismo-de-estado-en-el-peru/
Rodrik, D. (2000). Trade Policy Reform as Institutional Reform. Harvard University. https://drodrik.scholar.harvard.edu/files/dani-rodrik/files/trade-policy-reform-institutional-reform.pdf
[1] CNDDHH (2014). Discurso de Santiago Manuin al recibir el Premio Nacional de Derechos Humanos 2014. https://derechoshumanos.pe/2014/12/discurso-de-santiago-manuin-al-recibir-el-premio-nacional-de-derechos-humanos-2014/
[2] Sanchium (2023). https://hytimes.pe/2023/06/29/el-rol-del-bosque-ante-el-calentamiento-global/
[3] Mesa redonda: POR PLAZAS Y CALLES: movilización social, DD.HH. y crisis política en el Perú. Ver en: https://www.facebook.com/watch/?v=204173942015110
[4] Castillo (2021). Los criminalizan por liderar la oposición a Tía María en el Valle de Tambo. https://cooperaccion.org.pe/opinion/los-criminalizan-por-liderar-la-oposicion-a-tia-maria-en-el-valle-de-tambo/
[5] Naciones Unidas (2023). Ver en: https://www.ohchr.org/es/press-releases/2023/05/peru-un-expert-calls-accountability-and-political-reform-overcome-crisis
[6] Alarco y Sanchium (2023). Una agenda postneoliberal. Propuestas económicas. Parte II.
