La presidenta de la República, Dina Boluarte, y el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, observaron la Ley que autorizaba la expropiación de terrenos para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de Huancayo y lo devolvieron al Congreso.
El Legislativo tiene ahora dos caminos: aceptar las observaciones del Ejecutivo o promulgarla por insistencia.
La principal observación del Ejecutivo es que la Ley no debe anticiparse a que la responsabilidad de la expropiación sea del Estado, puesto que esa parte lo resolverá el contrato en específico con la empresa que se encargue de construir la infraestructura, puesto que se trata de una Asociación Público Privada (APP).
“Se advierte que la autógrafa de Ley establece ex ante [se anticipa] que el riesgo de disponibilidad de terreros le corresponde al Estado, sin mayor evaluación técnica, económica o legal que sustente ello”, se lee en la observación a la Ley.
Asimismo, recomienda modificar algunas formas de redacción y la eliminación de otras.
Consultado sobre esta observación, el alcalde de Huancayo, Dennys Cuba, dijo que la Comisión de Vivienda del Congreso se acogerá a las observaciones del Ejecutivo para que se la norma sea promulgada lo más pronto.
