La Junta Directiva de la Federación de Comunidades Ticuna y Yagua del Bajo Amazonas (Fecotyba), que representa a 23 comunidades indígenas, denunció en un pronunciamiento que durante los últimos seis meses sus dirigentes e integrantes vienen siendo difamados por parte de autoridades de la Comunidad Cushillo Cocha.
Según la denuncia, las autoridades cuentan con la asesoría de Jacson Fasabi Sanchez, subcoordinador de una supuesta organización indígena denominada “Organización Nacional de la Justicia Especial de los Pueblos Indígenas Nativos y Campesinos (Onajepinc) – Caballococha”.
La Fecotyba señala que la Onajepinc viene promoviendo un rechazo hacia los Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial (Piaci) de Loreto, que estaría encabezado por un grupo de empresarios investigados por diversos delitos.
Se trata de la Coordinadora por el Desarrollo de Loreto (CDL), a cargo de Christian Pinasco, quien fue condenado por corrupción luego de favorecer a un consorcio siendo funcionario municipal del distrito de Monsefú, en Lambayeque.
A propósito de ello, el presidente de la Fecotyba, Francisco Hernández, manifestó a Inforegión su posición en contra del Proyecto de Ley que impulsa el congresista fujimorista Jorge Alberto Morante Figari, el cual pretende modificar la norma a favor de la protección de los PIACI, para así promover proyectos de inversión en sus territorios.
“Ojalá que reflexione el congresista Morante y derogue esa iniciativa para que los pueblos indígenas sigan viviendo y existiendo en la Amazonía”, comentó Francisco Hernández.
En esa línea, Hernández expresó su indignación sobre el accionar de la Onajepinc, señalando que está generando divisiones entre las comunidades ticuna y yagua. “Desde hace varios meses, hay una mala influencia y no sabemos cuál es la finalidad de ella. Hacen pelea entre las comunidades, cuando nunca hemos tenido problemas entre nosotros”, sostuvo.
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