La presidenta de la República, Dina Boluarte, mostró su desacuerdo con el informe final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre las protestas contra el gobierno, cuya conclusión es que en estas manifestaciones, entre diciembre de 2022 y febrero 2023, hubo un uso excesivo de la fuerza, y que las muertes causadas pueden constituir ejecuciones extrajudiciales y masacre, especialmente en el caso de Ayacucho.
“Rechazamos la supuesta existencia de ejecuciones extrajudiciales y la calificación de masacre, aun cuando se mencione de manera condicional de los hechos ocurridos durante las protestas”, dijo Boluarte en conferencua de prensa.
Señaló también que el Estado peruano lamenta la pérdida de vidas humanas en las protestas que pedían su renuncia y nuevas elecciones generales. “Es triste haber perdido la vida de los compatriotas”, dijo.
En su informe presentado este miércoles, la CIDH señala que en el caso de Ayacucho, “se registraron graves violaciones de derechos humanos que deben ser investigadas con debida diligencia y con un enfoque étnico-racial”. Añade que, “al ser perpetradas por agentes del Estado, las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. Además, al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podrían calificarse como una masacre”.
En las protestas de Ayacucho el 15 de diciembre de 2022, diez manifestantes murieron a causa de la represión de las fuerzas armadas, con impactos de bala, varias de ellas no participaban de la protesta.
La presidenta Boluarte dijo también que las muertes ocurrieron en el contexto de las manifestaciones y “por actos vandálicos” como la toma de carreteras y ataque a instituciones del Estado. Sin embargo, la respuesta del Estado fue excesiva en el uso de la fuerza.
En total, muerieron 69 personas, 48 de las cuales por efecto directo de la represión de la Policía y las Fuerzas Armadas.
Aquí el informe de la CIDH
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