La abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Gloria Cano Legua, sostuvo que la presidenta de la República Dina Boluarte intenta darles garantías de impunidad a los miembros de las Fuerzas Armadas que provocaron las muertes en Apurímac, Ayacucho y Pichanaqui, en las recientes protestas en contra del Ejecutivo y el Congreso.
“[La presidenta] ha querido darle garantía de impunidad a los comprometidos”, dijo la letrada al comentar el anuncio de Boluarte de investigar las muertes en la justicia militar, que lo anunció en diversos medios de comunicación.
Al respecto, Cano recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha establecido en sus resoluciones que el fuero militar no es competente para investigar violaciones de derechos humanos, entre otras razones, porque no garantiza imparcialidad en el proceso.
Por su parte, el abogado Carlos Rivera Paz, miembro del Instituto de Defensa Legal (IDL), recordó que la Corte Suprema de Justicia estableció en 2004 que que las violaciones de derechos humanos son de competencia exclusiva de la justicia común.
En nov. 2004 la Corte Suprema de Justicia [caso Pomatanta] resolvió que las violaciones de DDHH son de competencia exclusiva de la justicia común [Fiscalía y P. Judicial].
Jurisprudencia de la Corte IDH también dice lo mismo.
Lo contrario generará responsabilidad internacional.— Carlos Rivera Paz (@IDL_Rivera) December 19, 2022
Presidenta @DinaErcilia anuncia que muertes en protestas serán investigadas por fuero militar. Olvida que @CorteIDH ha establecido que graves violaciones de #ddhh son competencia del fuero COMÚN. Al llevarlas al fuero militar Peru violaría derecho a juez competente(Art. 8.1 CADH) pic.twitter.com/uW671obJCo
— Ursula Indacochea (@uindacochea) December 19, 2022
En tanto, la abogada de Aprodeh, Gloria Cano, informó que su institución se encuentra recabando información sobre los nueve muertos en Ayacucho y los seis en Andahuaylas, de presunta violación de derechos humanos, de los cuales presentará denuncias penales ante la justicia ordinaria.
De acuerdo con informaciones periodísticas, al menos 11 víctimas mortales de las movilizaciones, fallecieron por impacto de proyectil de arma de fuego, varios de ellos en el tórax.
Cano espera que la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que llega a Perú este martes 20 de diciembre, tome testimonios de familiares, testigos y autoridades para reunir información sobre casos de violaciones de derechos humanos.
