El presidente del Frente de Defensa Productores Agropecuarios en la Región Junín, Ángel Misayauri Borja, sostuvo que a mediados de julio se cumplen los 90 días de plazo que el Gobierno tiene para cumplir con su promesa de abastecer el mercado interno con fertilizantes, para que ayude a reducir los elevados precios de este insumo en el agro.
Los expertos estiman que el agro peruano necesita unas 200 mil toneladas de fertilizantes químicos para la campaña agrícola 2022-2023, cercaana a comenzar en agosto próximo.
Misayauri considera que será muy dificil que el Gobierno cumpla con su palabra de importar fertilizantes de Bolivia o Venezuela, por la reciente destitución del viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego, Rómulo Antúnez Antúnez, y de un importante grupo de funcionarios, ocurrido a fines del mes pasado.
Antúnez dejó su cargo el sábado 30 de abril, justamente por discrepancias con el ministro Óscar Zea, por la instromisión del secretario general del ministerio, Paul Jaimes Blanco, de negociar directamente con Bolivia la compra de fertilizantes.
“Hay una inseguridad política en el ministerio” y parece que será difícil que el Gobierno cumpla su compromiso, dijo Misayauri en diálogo con Huanca York Times. “Ojalá cumpla su palabra”, agregó. De no ser así, dijo, su gremio convocará a un nuevo paro agrario, esta vez para pedir la salida del Ejecutivo y del Congreso, y se adelanten las elecciones generales, tras un referéndum.
Pero el ministro Zea también ha anunciado que su cartera entregará fertilizantes gratis a los agricultores, ya no por subvención, con una compra de Gobierno a Gobierno, desde Marruecos, Venezuela y Bolivia, países con los cuales conveersa el Perú.
Esta compra demandaría un desembolso de 950 millones de soles, que debe autorizar el Ministerio de Economía y Finanzas.
Otros paros tienen contenido político
Ángel Misayauri fue tajante en señalar que otros paros convocados, cuya pataforma de lucha pide una asamblea constituyente y cambio de constitución, no son paros agrarios, sino de orden político, en las cuales está comprometido Perú Libre, el partido de gobierno.
