Los Apus, Quinto Inuma y Manuel Inuma tuvieron que huir de su territorio, junto a sus familias como consecuencia de atentados, secuestros y agresiones físicas continuas, cometidas por mafias vinculadas a la tala illegal y al narcotráfico en San Martín. Estuvieron refugiados en Tarapoto, donde recibieron protección policial desde el 24 de julio del 2021.
Ahora, tras retornar a su territorio ancestral, Santa Rosillo de Yanayacu en el departamento de San Martín, solicitan al presidente Pedro Castillo, que las autoridades competentes actúen y los destructores de sus bosques presuntamente aliados hoy con autoridades del gobierno local, sean castigados, por la devastación de la naturaleza en su territorio.
El tráfico de madera es equivalente a la versión forestal del narcotráfico, salvo por un hecho: funciona con documentos legales. El 90% de la madera extraída de los bosques peruanos tiene procedencia ilegal según el informe de la La Máquina Lavadora, publicado en 2012 por la Agencia de Investigación Ambiental (EIA).
Entonces mientras alguien en alguna parte del mundo pide o compra muebles de caoba, cedro u otras especies amazónicas, el cuerpo de varios nativos flotan río abajo con multiples balas en el cuerpo; o niñas y mujeres indígenas viven en condiciones de casi esclavitud en los campamentos madereros.
A diferencia del dinero del narcotráfico, la industria de la madera ilegal es más difícil de evidenciar porque parece inofensiva. Mientras la cocaína mata, la madera de la Amazonía adorna la sala de una casa, de un palacio, en forma de una mesa, escritorio o pieza de arte. Y ambos delitos ambientales, tala illegal y narcotráfico, están conectados en sus cargamentos y traslado.
El Apu Quinto Inuma había denunciado, ya antes, a Jorge Segundo Ramirez Mandruma y Julio Barbaran Ojanama, que tienen antecedentes policiales, por agresiones a los líderes indígenas y a la comunidad de Santa Rosillo de Yanayacu.
Los denunciados, coludidos con autoridades del gobierno local, estarían ahora insertando rondas campesinas externas, traídas de otras regiones para quitarle autoridad territorial a los líderes indígenas locales. Entre ellos se encontrarían involucrados: Dedicación Vera Pardo y Manuela Saboya; esta última, implicada en el secuestro del Apu Manuel Inuma, según la declaración de su hermano Quinto Inuma.
