En el estado de emergencia sanitaria nacional, 19 funcionarios y exservidores del Gobierno Regional de Junín favorecieron a dos empresas con la contratación directa para la adquisición de equipos médicos destinados a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), por el monto de S/ 1 millón 209 mil 400, en el año 2020.
Ambas empresas estaban impedidas de contratar con el Estado porque el analista en equipamiento médico hospitalario contratado y que laboraba en el Gobierno Regional de Junín, era el accionista mayoritario desde el 18 de setiembre de 2020 de una de las empresas y además participó en consorcio con otra compañía, en los procedimientos de selección convocados en diciembre de 2019 por la Red de Salud del Valle del Mantaro, Unidad Ejecutora del referido gobierno regional.
Asimismo, dicho analista, intervino como presidente del Comité de Selección estando a cargo de la conducción de las Adjudicaciones Simplificadas en la etapa de elección de los proveedores de equipamiento médico, emitiendo informe respecto a la validación de las especificaciones técnicas de las cotizaciones efectuadas por ambas empresas mencionadas.
Un informe de la Contraloría General, aplicado del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2020, indica que en plena pandemia por la covid-19, se realizó la contratación directa para la adquisición de 3 monitores de funciones vitales de 7 parámetros, 3 unidades de camas eléctricas para UCI con balanza y 18 unidades de bombas de infusión a las empresas, pero antes de que venza el plazo para la entrega de los equipos médicos, la empresa proveedora solicitó la ampliación de plazo contractual y el cambio de 2 camas eléctricas.
Este pedido de ampliación, permitió que la entrega de los equipos médicos se realice fuera del plazo estipulado, desnaturalizando la finalidad de la contratación directa y ocasionando que la entidad no cuente, en su debida oportunidad, con la totalidad de equipos solicitados. Asimismo, se generó un perjuicio económico de S/ 15 000 por el pago irregular de un servicio que no reunía la calidad requerida dentro del contrato.
Además, se evidenció que los funcionarios involucrados permitieron y gestionaron el cambio de las camas eléctricas y aspiradores de secreción rodable, pese a que dichas modificaciones no se enmarcaron dentro del contrato. También, se dio facilidades a los proveedores para que puedan cumplir con su servicio, pese a que existió la posibilidad de comprar los citados equipos, en monto y plazo de entrega inferiores, a otras empresas que se presentaron al proceso de compra directa de equipos médicos solicitados por el Gobierno Regional de Junín.
