Para el próximo 3 de febrero se tiene prevista una reunión entre el ministro Víctor Mayta y los agricultores en Tarma, en donde también estarán presentes los congresistas por Junín, quienes solicitarán se declare en emergencia la agricultura.
“Vamos a impulsar una ley que declare en emergencia el sector agrario en todo el país. Pero si no se cambia la Constitución no se podrá lograr los grandes cambios que necesita el Perú”, dijo la congresista oficialista Silvana Robles, durante la mesa de diálogo.
La reunión concluyó con la firma de acta en donde los productores agropecuarios suspendieron el paro.
Nueve agricultores fueron detenidos, en lunes, en La Oroya, por bloquear la carretera Central.
El congresista Ilich López se mostró de acuerdo en declarar en emergencia el agro, pero indicó que la “medida solo será declarativo”. Asimismo, pidió la salida del director del Programa Subsectorial de Irrigaciones, por la falta de capacidad en la ejecución de gasto del sector. “Solo se ha llegado al 32 % de gasto”, precisó el parlamentario por Acción Popular.
También enfatizó en que es necesario realizar cambios en la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y se modifiquen las normas para agilizar la formalización de los derechos del uso de agua de los agricultores.
De mismo modo, planteó que los fertilizantes derivados del petróleo ingresen al fondo de estabilización para reducir su costo.
Por su parte, el asesor del Ministerio de Agricultura, Keend Uriel Mamani, manifestó que las demandas de los agricultores son viables, pero que el gobierno ha lanzado el Programa Nacional de Recarga Hídrica con un presupuesto de 350 millones de soles para incrementar la disponibilidad de agua, a través, de los programas Sierra Azul y Agrorural.
“La próxima semana debe estar listo el ‘Sello de la agricultura familiar’ para promover las compras estatales. El estado comprará a los productores directamente”, anunció el asesor.
Sobre el incremento del precio de los fertilizantes dijo que es un problema internacional y que lo se pretende importar del país vecinos de Bolivia solo representa el 2% de la demanda nacional.
Uriel Mamani también manifestó que el Estado pretende recuperar la planta de fosfato de Bayovar, pero que si no se cambia la Constitución poco o nada se podrá hacer.
