La Contraloría General detectó que el hospital Félix Mayorca Soto de Tarma adquirió 200 unidades de desinfectantes en presentaciones de un litro, los cuales fueron valorizados en S/ 15 mil y no cumplían con las especificaciones técnicas. Los productos fueron comprados a precios superiores en el mercado y habría habido un presunto favorecimiento al proveedor.
El Informe de Acción de Oficio Posterior N° 011-2021-2-2814-AOP, realizado durante el periodo de evaluación del 1 de octubre de 2020 al 30 de marzo de 2021, se señala que la Unidad de Coordinación de Inmunizaciones del hospital, solicitó a la oficina de Logística la adquisición de dichos productos desinfectantes. De 12 proveedores, tres presentaron sus proformas por S/ 82, S/ 80 y S/ 75 la unidad.
La adquisición de 200 desinfectantes fue por S/. 15 000 y se concretó mediante una orden de compra, la misma que, como se detalla en el informe, no era concordante con la proforma presentada por el proveedor, ni con las especificaciones técnicas del área usuaria, lo cual no fue advertido por la Unidad de Logística, Almacén ni la Coordinación de Inmunizaciones.
La comisión de control evidenció que la sobrevaloración del costo fue advertida en una reunión de la comisión investigadora del Consejo Regional de Junín, donde la consejera por Tarma, Tatiana Arias Espinoza, comparó la orden de compra a favor del proveedor con otra cotización que ofrecía el mismo producto a un costo de S/. 35 la unidad, alertando además que dicha proforma no fue tomada en cuenta pese a que consideraba un costo menor de 53%.
Al advertir la denuncia, el gerente de la empresa proveedora, mediante una carta comunicó que hizo llegar las cotizaciones con precios normales, sin descuentos debido a que la compra la realizaron con anterioridad, cuando el producto tenía un costo elevado por la alta demanda y la escasez de insumos por COVID-19. Sin embargo, se comprometió a enviar 100 litros del producto a manera de compensación.
Estas observaciones fueron puestas de conocimiento del director regional de Salud, para la determinación y sanción de las responsabilidades administrativas y penales a que hubiera lugar.