El Contralor General, Nelson Shack, reveló que se ha identificado a un total de 3547 funcionarios y servidores públicos (únicos) con algún tipo de presunta responsabilidad (penal, civil y/o administrativa) en los informes de control posterior emitidos en lo que va del año, a nivel nacional. Algunas de estas personas, tienen más de un tipo de responsabilidad.
En cuanto a la región Junín, según el Velocímetro de Control de la Contraloría, se identificó a un total de 159 funcionarios y servidores públicos con algún tipo de presunta responsabilidad (penal, civil y/o administrativa) de un total de 34 informes de control posterior emitidos en lo que va del año. Algunos tienen más de un tipo de responsabilidad.
Shack Yalta indicó que cuando se identifica presunta responsabilidad penal y/o civil a funcionarios y servidores públicos, corresponde a la Procuraduría Pública entablar las acciones legales ante las instancias correspondientes (Poder Judicial o Ministerio Público).
Sin embargo, explicó que, debido a la actual sobrecarga procesal, quienes cometieron presuntos delitos de corrupción o diversidad de inconductas funcionales ocasionando un serio perjuicio económico al Estado, y continúan en sus puestos o no reciben una sanción oportuna, incrementa la sensación de impunidad en la administración pública.
Aclaró que la Contraloría General ha recuperado recientemente la facultad de sancionar administrativamente con la inhabilitación para ejercer la función pública hasta por cinco años, a quienes cometieron infracciones administrativas graves o muy graves, recién a partir del 21 de julio del 2021, fecha en que entró en vigencia la Ley N° 31288.
Subrayó que la sanción administrativa que se aplica como consecuencia de un Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) se realiza en forma independiente de las acciones legales que puede iniciar en materia civil y penal, ante el Ministerio Público y el Poder Judicial, como resultado de los informes de control emitidos en los servicios de control posterior.
Indicó que, a partir del 2022, la Contraloría estará en capacidad de aplicar las sanciones administrativas PAS a quienes incurran en inconducta funcional con la finalidad de separarlos temporalmente del Estado para que no sigan haciendo daño y ocasionando un perjuicio al Estado.
