La Contraloría General de la República alertó un incremento irregular del porcentaje de adelanto para materiales e insumos del 5% al 20%, destinado para la construcción del colegio Mariscal Castilla, el cual no fue establecido en las bases integradas del proceso de selección de la empresa y que afectaría el correcto uso de los recursos públicos por parte del Gobierno Regional de Junín (GRJ).
El informe de control N° 015-2021-OCI/5341-SCC, realizado del 13 al 17 de setiembre de 2021, alertó que el 30 de julio de 2021, el ingeniero Juan Carlos Barraza Jiménez, residente de la obra, requirió a la entidad la elaboración de una adenda al contrato, con la finalidad de ampliar el monto económico para adelanto de insumos y materiales. Esto, pese a que la Ley de Contrataciones del Estado señala que “por su sola designación, el residente representa al contratista como responsable técnico de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato”.
Pese a ello, el 6 de agosto de 2021, Luis Alberto Salvatierra Rodríguez, director regional de Administración y Finanzas del GRJ, y el apoderado de la empresa constructora, Jaime Rolando Lino Moya, suscribieron la adenda N° 156-2021 al contrato N° 053-2021, firmado el 24 de mayo de este año, modificando de forma irregular el porcentaje de adelanto del 5% al 20%.
Tres días antes de la firma de esta adenda, el GRJ ya había realizado un primer adelanto de S/ 3 362 279.00, que representa el 5% de la estimación económica contractual para la primera etapa del saldo de obra (a fin de realizar los trabajos necesarios para la culminación del proyecto), monto que se le pagó al contratista el 27 de julio de 2021.
A raíz de este informe, fuentes de Portal Central confirmaron que el GRJ decidió paralizar el pago del incremento establecido en la irregular adenda, que habría representado la entrega total de aproximadamente S/ 10 millones de soles, contraviniendo las normas vigentes.
El informe de control fue comunicado oportunamente al Gobernador Regional de Junín, Fernando Orihuela Rojas, el pasado 20 de setiembre, con el objeto de asegurar la continuidad de la obra y de que se evalúe la sanción contra los responsables de la presunta disposición irregular de fondos públicos.
