Estamos a pocos días del 28 de septiembre, día de la acción global por el aborto legal, seguro y gratuito, motivo por el cual muchas mujeres organizadas alrededor del mundo realizan acciones ampliamente visibles para exigir a sus Estados una garantía eficaz en materia de derechos sexuales y reproductivos.
Hablar del aborto genera mucha controversia y se crea la dicotomía absurda de lo moralmente correcto y la criminalización hacia toda aquella persona que muestre una postura a favor. Lo cierto es que el aborto existe, más allá de las opiniones conservadoras, se da en la clandestinidad, bajo los letreros de atraso menstrual o con el secreto corrido a voces que convive con la conducta indiferente y cucufata de la gente que prefiere tener discursos religiosos, entre otros, para sustentar su negativa y rechazo, antes de entender y aceptar que se trata de una problemática real que involucra la violación de derechos de miles de niñas y mujeres en el Perú y el mundo.
Las mujeres abortan por diversas razones: por hechos de violencia, por el abandono de la pareja, porque se les obliga a ello al concebir fuera del matrimonio, porque les falló el método anticonceptivo, porque ya tienen muchos hijos, por razones económicas y muchas otras, y sucede que algunas tienen la capacidad económica para afrontarlo en condiciones sanitarias dignas, mientras otras se someten a procesos precarios y riesgosos que dañan gravemente su salud o incluso les arrebatan la vida. Eso nos alerta y pone en evidencia que en este problema social grave solo las mujeres están asumiendo los pasivos de la ausencia del Estado por emprender una política integral en salud sexual y reproductiva.
El aborto es un asunto de derechos humanos y sobre eso diversos organismos internacionales se han pronunciado, instando a la necesaria despenalización del mismo, por ello es legal en muchos países. Tal es así que por ejemplo el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) precisa que la negativa de un Estado para proveer la prestación de servicios de salud reproductiva a la mujer resulta discriminatoria y a su vez las leyes que penalizan ciertas intervenciones médicas que afectan exclusivamente a la mujer y castigan a las mujeres que se someten a éstas, constituyen un obstáculo para el acceso a la atención en salud. Por tanto, los Estados tienen la obligación de eliminar los castigos legales a las mujeres que se han sometido a un aborto o al personal médico involucrado.
Asumir postura de manera honesta y transparente sobre este tema no es fácil porque cargas con toda la estigmatización y sanción social de una sociedad que prefiere que las mujeres mueran a escondidas que hablar con claridad sobre un tema que afecta los derechos humanos. Las mujeres que estamos a favor de la legalización del aborto no somos “proaborto” porque eso sería promover que todo embarazo deba ser interrumpido, por el contrario, somos pro decisión e instamos a que las mujeres gocen del derecho a una vida digna, decidiendo sobre su maternidad, a su vez valoramos la vida que merece gozarse siempre con libertad y dignidad. Somos las mismas que cuestionamos las paternidades irresponsables, la violencia obstétrica, la discriminación hacia las madres autónomas y la violencia adultocentrista que ignora las necesidades particulares de las infancias.
Las políticas públicas se construyen desde la laicidad y en este caso apunta a una mirada sistémica desde la educación sexual integral, anticonceptivos al alcance de todos y todas y el aborto legal para que las mujeres no mueran. Poco a poco iremos avanzando, porque la maternidad será deseada o no será.
