La erosión democrática del Perú ofrece una advertencia que va más allá del propio país. La autocratización puede echar raíces en el Parlamento, prosperar en medio de la fragmentación política y finalmente entregar el poder ejecutivo a una minoría organizada, sin un golpe de Estado, fraude o un outsider antisistema.
En su cuarto intento, Keiko Fujimori ganó la presidencia del Perú. Durante cuatro años, el país ofreció una anomalía: una democracia que se erosionaba sin un autócrata, impulsada no por un Ejecutivo antisistema sino desde dentro del Congreso, por una coalición impopular y débilmente organizada cuyo Ejecutivo recibía órdenes en lugar de darlas. En 2026 se cierra la fase de autocratización liderada por el Congreso, y el fujimorismo —el actor más organizado de aquella antigua coalición congresal— pasa al Ejecutivo, ahora con un mandato electoral. Lo que sigue plantea cómo ocurrió, qué significa para la democracia peruana y qué advertencia ofrece para la región.
Una fase llega a su fin
La democracia restaurada en 2000 era débil y carecía de un sistema de partidos; su rendición de cuentas no era producto de instituciones fuertes, sino de un enfrentamiento en el que ningún actor podía dominar: un “equilibrio de los débiles”. Desde 2016, una convergencia de factores la desestabilizó. El fin del auge de las materias primas trajo descontento económico; luego, el escándalo de Odebrecht puso a toda la clase política bajo amenaza de procesamiento judicial —todos los presidentes recientes, y la propia Fujimori, quien llegó a estar encarcelada durante dieciséis meses a la espera de juicio—, empujándolos a capturar el poder para escapar de la persecución y convirtiendo las vacancias presidenciales y la disolución del Congreso en armas rutinarias.
El partido fujimorista, Fuerza Popular (FP), fue el actor menos desorganizado y catalizó la crisis. Aun así, el equilibrio se mantuvo: ningún actor dominaba, la protesta todavía funcionaba —sacó a Manuel Merino en 2020— y la antigua coalición antifujimorista permanecía unida.
Eso terminó con Pedro Castillo, el maestro de escuela rural que ganó en 2021 con un partido marxista-leninista marginal. La amenaza que representaba unió a la derecha y dividió la coalición que solo el antifujimorismo mantenía unida. Después de su fallido autogolpe y su destitución, la coalición congresal —Fuerza Popular, la extrema derecha de Renovación Popular y bancadas que iban desde oportunistas hasta el nominalmente marxista Perú Libre, todas ellas más vehículos de independientes que partidos— instaló a sus aliados en el Ejecutivo. Gobernó desde el Congreso: protegiendo a sus legisladores, ampliando el poder legislativo sobre otras instituciones y cooptando organismos de supervisión.
El resultado fue impunidad —cincuenta manifestantes asesinados en 2022-2023 sin consecuencias, leyes aprobadas contra la voluntad pública— y una erosión más rápida de la capacidad estatal: menor fiscalización y mayor penetración de intereses informales e ilegales.
Un equilibrio puede ser a la vez estable y atroz. La pregunta no es si dura, sino qué es lo que dura: un régimen que mató a medio centenar y no respondió por ninguno”
Carlos Meléndez ha descrito este periodo como “entropía democrática”: no una toma autoritaria del poder, sino una autoridad formal que se disuelve bajo el peso de la informalidad —reglas que existen pero no se hacen cumplir, una gobernanza basada en acuerdos en lugar de la ley—, donde élites informales pragmáticas erosionan el Estado regulador sin coordinación ni diseño, buscando únicamente impunidad y desregulación.
El diagnóstico capta algo real, pero subestima la agencia política. La informalidad genera la demanda de desregulación; pero la erosión se volvió sistemática porque los actores la impulsaron. Los votos dispersos pueden converger de vez en cuando; no sostienen un escudo año tras año sin que alguien les dé las órdenes.
Es, por tanto, un vaciamiento con autores y no una erosión sin uno. Rodrigo Barrenechea y Alberto Vergara los ubican en los intereses informales e ilegales que penetraron la política para redactar leyes que les convenían. Conviene añadir algo: no son solo ni principalmente esos actores económicos. Aunque el Perú carece de partidos fuertes —Fuerza Popular no pudo disciplinar a sus más de setenta legisladores entre 2016 y 2019—, sí tiene organizaciones políticas cuyos liderazgos muestran una voluntad autoritaria clara, una voluntad de imposición y de pasar por encima de los demás, y el fujimorismo es el más experimentado en ejercerla.
No impulsan la erosión mediante un plan dictatorial; la impulsan con una disposición a imponerse que se activa ante cualquier objetivo. Y esto es lo que la lectura de la entropía deja en la sombra: el resultado, sea cual sea su motor, es la autocratización. Los gobernantes dejan de responder ante los ciudadanos y los controles se estrechan, permitiendo la erosión del Estado y el atropello de los derechos. Un equilibrio puede ser a la vez estable y atroz. La pregunta no es si dura, sino qué es lo que dura: un régimen que mató a medio centenar y no respondió por ninguno.
Un campo electoral diseñado y el azar que decidió el resultado
La forma en que se resolvió la elección determinó las fortalezas y debilidades con las que Fujimori gobierna. Como documenta Cynthia McClintock, el catalizador no fue la polarización sino la fragmentación, buena parte de ella diseñada por la coalición congresal. Ellos hicieron las reglas: eliminaron las primarias obligatorias (PASO), destinadas a reducir la dispersión, y elevaron los umbrales electorales. Ellos eligieron a los candidatos: las prohibiciones sacaron del terreno de juego a los moderados más viables.
El efecto no fue iniciar la fragmentación, sino quitar el freno a la fragmentación nacida de la ausencia de un sistema de partidos: los moderados, juntos, reunían una mayoría del voto, pero se dividieron entre demasiados candidatos. Fujimori llegó a la segunda vuelta con el 17 % de los votos válidos y Roberto Sánchez con el 12 %, juntos por debajo del 30 %.
En ese terreno, la contingencia hizo su trabajo. El ascenso de Fujimori se debe menos a su talento que a los errores de otros. El otro candidato favorito de la derecha, Rafael López Aliaga, no logró convencer más allá de Lima, inclinándose demasiado hacia la guerra cultural. Sánchez intentó ser el avatar de Castillo sin su carisma y él mismo era una figura del establishment. Y la casualidad también intervino: un fallo logístico en Lima, sin indicios de intención, pudo haber decidido quién acompañaba a Fujimori en la segunda vuelta.
En la segunda vuelta ganó por un margen estrecho: perdió el voto nacional, y su margen quedó determinado por los votos del extranjero. La casualidad explica qué minoría pasó a la segunda vuelta; el terreno diseñado, por qué avanzaron dos minorías y la mayoría quedó sin representación. La coalición congresal no eligió a Fujimori; manipuló la baraja para que uno de los suyos pudiera ganar la mano.
(El fujimorismo) es la amenaza más organizada del país, con los aliados más poderosos —asociaciones empresariales, buena parte de los medios de comunicación, las Fuerzas Armadas y la Policía protegidas frente a abusos”
Y la oposición, que podría haber revertido el resultado, no logró reunir ni una candidatura única ni una alianza amplia. Fujimori llega así con fortaleza y fragilidad al mismo tiempo: gobierna con los organismos de supervisión inclinados a su favor y con el liderazgo de un Senado que su coalición diseñó, frente a una oposición descoordinada. Pero llega también sin mayoría, con una legitimidad cuestionada y sobre un Estado que ella misma ayudó a erosionar.
¿Qué tipo de amenaza?
Fujimori ha sido leída como una representante de la derecha convencional, menos radical que la derecha radical-populista de López Aliaga. Eso es correcto: no es xenófoba, no tiene un proyecto refundacional y su populismo es intermitente. Como escribe Vergara, es una vieja derecha, estatista, que quiere ser obedecida.
Pero esa lectura subestima el peligro. Se puede defender el orden establecido y ser consistentemente autoritario al mismo tiempo —especialmente cuando el orden que se defiende es en sí mismo la erosión de los límites—: el fujimorismo es punitivo, reivindica el gobierno autoritario de Alberto Fujimori, posteriormente condenado por crímenes de lesa humanidad, cuestionó sus derrotas con acusaciones infundadas de fraude y, entre elecciones, obstruyó gobiernos y capturó organismos de supervisión. Respetó las reglas solo allí donde no tenía forma de doblarlas.
Su impronta carece de los símbolos y la excitación de la nueva derecha. Ofrece gobernar sin consulta, aliada con el poder corporativo y con una cercanía clientelista con los sectores populares. No moviliza multitudes; administra la impunidad y la erosión de los controles.
Es la amenaza más organizada del país, con los aliados más poderosos —asociaciones empresariales, buena parte de los medios de comunicación, las Fuerzas Armadas y la Policía protegidas frente a abusos pasados y futuros— y ahora con la legitimidad de las urnas y el control de un Senado hecho a su medida, restaurado contra el referéndum de 2018, con la última palabra sobre la legislación.
Pero no todo la favorece, y no se debería vaticinar el desenlace: carece de los votos para reescribir la Constitución o apoderarse de los organismos de supervisión, y perdió la cámara baja, ahora presidida por la oposición.
Ella no es ni Milei ni Bukele, sino una política con alto rechazo cuyo historial todos recuerdan, y que prometió orden después de erosionar el Estado que ahora debe administrar.
Tiene voluntad autoritaria y los medios para ejercerla; si la autocratización se profundiza, se estanca o retrocede dependerá de esos frenos y de la oposición. De otro lado, la falta de apoyo también puede precipitar la represión, como demostró Boluarte, con las fuerzas de seguridad ya exentas de responder por sus actos.
Una advertencia para la región
El caso deja tres lecciones más allá del Perú.
Primero: la autocratización puede incubarse en el Parlamento y trasladarse al Ejecutivo, sin golpe de Estado ni fraude; solo necesita un terreno inclinado y fragmentado y una oposición que no pueda enderezarlo.
Segundo: puede provenir de políticos profesionales del establishment, no de outsiders, y llevar un rostro sobrio que es más difícil de denunciar y resistir.
Tercero: no fue solo la estructura. La informalidad generó la demanda de desregulación, pero fueron organizaciones con una voluntad autoritaria —principalmente en la derecha, aunque también en la izquierda— las que impulsaron la erosión, y una oposición incapaz de coordinarse no logró detenerlas.
Podría haberse evitado, y no se evitó. Cuando la representación se vacía y las instituciones son capturadas, una minoría organizada basta para heredar el poder, y una oposición fragmentada basta para entregárselo.
* Artículo publicado originalmente por Review of Democracy.
Omar Coronel. Profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y coordina el Grupo Interdisciplinario de Investigación sobre Conflictos y Desigualdades Sociales (GICO).
