Después de reaparecer públicamente, el exgobernador de Junín, Vladimir Cerrón, aseguró que nunca salió del país durante los casi tres años que permaneció en la clandestinidad y que se mantuvo en la región de Junín durante todo el tiempo en que fue buscado por la justicia.
“Yo siempre he permanecido en territorio peruano, como lo he manifestado. En eso siempre se ha dado la información precisa de parte de los congresistas, de parte del partido y también de mi persona. Por tanto, no hay otra cosa más respecto a eso”, afirmó.
Ante una nueva pregunta sobre si permaneció específicamente en Junín, respondió afirmativamente e ironizó: “En Junín permanecí… Bueno, fuera del Perú, si se quiere decir, en la nación huanca”.
Con esa respuesta, el exgobernador de Junín aseguró que permaneció en esta región en los 1.042 días que estuvo en la clandestinidad, desde el 6 de octubre de 2023, cuando se dictó la prisión preventiva en su contra, hasta su reaparición pública este 13 de agosto de 2026.
Cerrón se presentó en la celebración por el 18.º aniversario de fundación de Perú Libre, realizada en Lima.
Fallas de la inteligencia electrónica
Entre otros aspectos, Cerrón negó que haya recibido protección policial para evitar su captura, así como su cercanía con Dina Boluarte, de quien se dijo le habría transportado en el vehículo oficial de la Presidencia para ocultarlo de la policía.
“Yo creo que más bien le pido disculpas a la Policía por haberlos puesto en aprietos. A veces han dudado inclusive de su idoneidad. Yo nada tengo que ver con la Policía. No he tenido ninguna protección de los entes policiales, ni de los entes mediáticos ni de los entes jurídicos”, dijo.
Más bien dijo que si no lograron ubicarlo pese a que interactuaba en sus redes sociales, es una muestra de las limitaciones de la policía en sus labores de inteligencia electrónica. “Yo he estado saliendo por todos los medios: radio, televisión, redes y cuentas sociales. Eso sí es preocupante”, declaró.
Fallo del Tribunal Constitucional
La reaparición pública de Cerrón ocurrió luego de que el Tribunal Constitucional declarara fundado, por mayoría de cuatro votos contra tres, el hábeas corpus que presentó su defensa. En esa sentencia anuló la prisión preventiva y la orden de captura dictadas en su contra al considerar que las resoluciones judiciales vulneraron su derecho a la debida motivación.
Posteriormente, mediante un auto de ejecución, el propio TC ordenó al Poder Judicial cumplir íntegramente esa sentencia y dejó sin efecto las resoluciones posteriores que mantenían vigente la medida coercitiva, con lo que quedó sin sustento la orden de captura derivada de dicha prisión preventiva.
