La investigación contra la presunta organización criminal Los Lechuceros del Centro continúa, y sus principales investigados seguirán en prisión preventiva. El Equipo 1 de la Fiscalía Provincial Especializada contra la Criminalidad Organizada de Junín consiguió que el Poder Judicial ampliara de 30 a 36 meses la prisión preventiva contra 12 presuntos integrantes de la red. Se les investiga por organización criminal, robo agravado, hurto agravado, receptación agravada, clonación de IMEIs y delitos informáticos, en agravio de varias personas y del Estado.
La ampliación se logró tras la apelación presentada por el fiscal adjunto provincial Rogger Pituy Ataucusi. La resolución alcanza a Ana Isabel Ochoa Aliaga, Rodolfo Ibarra Contreras, Danilo Medina Salazar, Edher Sáenz, Niels Rafael Huamán, Richard Gamarra, Renán Santos y Juan Rafael, quienes permanecen recluidos con prisión preventiva en distintos establecimientos penitenciarios. También comprende a Jade Anthony Ortiz Meza, Brayan Ramos Gutiérrez y Joel Huaccho Salcedo, quienes continúan prófugos, y a Julio César Manrique Maraví, alias ‘Huaype’, quien se fugó de la comisaría de Sicaya cuando permanecía detenido y desde entonces continúa no habido.
El caso que destapó la investigación
Según las investigaciones, el expediente fiscal incluye interceptaciones telefónicas en las que presuntos integrantes de la organización discutían cómo desaparecer el cadáver del joven minero Luis Pablo García Hidalgo. En una de las conversaciones se escucha la frase “al río lo boto”, y en otros diálogos los investigados evaluaban enterrarlo en un cerro o dejarlo en una quebrada para que no lo encontraran.
Esos audios se convirtieron en una de las pruebas centrales de la investigación y muestran, según la hipótesis del Ministerio Público, cómo actuaba la organización para ocultar sus delitos.
La investigación comprende 33 integrantes y 73 hechos delictivos
La Fiscalía sostiene que Los Lechuceros del Centro se formó en 2024 y operó hasta antes del operativo realizado en Huancayo. Según las pesquisas, la presunta organización estaba integrada por 33 personas plenamente identificadas, a quienes las autoridades atribuyen 73 hechos delictivos.
Con la ampliación de la prisión preventiva a 36 meses, el Ministerio Público busca tener el tiempo necesario para culminar las diligencias de una investigación que considera de alta complejidad, mientras avanza el proceso penal contra los presuntos integrantes de la organización.
