Desde 2022, Junín ocupa el primer lugar del país en número de procesos por corrupción de funcionarios, con 4055 casos registrados hasta la fecha. La cifra fue calificada como “alarmante y vergonzosa” por la procuradora pública anticorrupción descentralizada de Junín, Nora Flores Peñaloza, durante el taller “La Ruta de la Integridad: Del Valor Ético a la Justicia Efectiva”, organizado por la Comisión Regional Anticorrupción de Junín (CRAJ).
La actividad tuvo como objetivo fortalecer la ética en el servicio público y promover una gestión más transparente en las instituciones del Estado.
Flores Peñaloza explicó que la cantidad de procesos refleja la gravedad del problema de la corrupción en la región, pero también demuestra que existen instituciones que vienen interviniendo para investigar y sancionar estos hechos, como la Contraloría General de la República, el Ministerio Público, la Policía Nacional, el Poder Judicial y la Procuraduría.
“Ya no es que se cometan actos de corrupción y no pase nada. Sí está pasando, sí interviene el Estado, sí intervienen las autoridades”, señaló durante la jornada realizada el viernes 3 de julio.
Junín supera los 4 mil procesos por corrupción
La procuradora informó que en todo el país existen más de 61 mil procesos por corrupción de funcionarios, de los cuales 4055 corresponden a Junín, una cifra que coloca a la región por encima de otras zonas del país.
Entre los delitos más frecuentes se encuentran la colusión, negociación incompatible, malversación de fondos y otros relacionados con el uso irregular de recursos públicos.
Flores Peñaloza precisó que el trabajo de la Procuraduría no termina cuando se consigue una sentencia, sino que también busca que el Estado recupere el dinero afectado mediante el pago de reparaciones civiles.
Estado recuperó más de S/4.6 millones en reparaciones civiles
La representante de la Procuraduría Anticorrupción informó que, entre 2015 y 2026, se logró recuperar más de S/4.6 millones por concepto de reparaciones civiles. Estos recursos regresan al Estado y pueden ser destinados a obras y servicios públicos.
También señaló que, entre 2020 y 2026, se realizaron embargos por más de S/91 millones para asegurar el pago de las reparaciones civiles ordenadas por los jueces.
Explicó que estas medidas buscan impedir que los responsables de actos de corrupción oculten o transfieran sus bienes antes de que el Estado pueda recuperar los recursos.
El caso Cerrón
Entre los casos más representativos de la región mencionó el proceso contra el exgobernador regional Vladimir Cerrón Rojas, quien fue sentenciado por irregularidades en un proyecto de saneamiento básico en La Oroya. En ese expediente se estableció una reparación civil de S/850 mil.
Flores Peñaloza indicó que ese monto fue cobrado por la Procuraduría a favor del Estado como parte de las acciones de recuperación de dinero afectado por actos de corrupción.
Sin embargo, durante las investigaciones del caso ‘Los Dinámicos del Centro’ aparecieron indicios que hicieron presumir que el dinero pagado por Cerrón Rojas y sus cosentenciados podría haber tenido como origen fondos que fueron embargados en otros procesos.
Por ello, la Procuraduría solicitó al Ministerio Público la incautación de los S/850 mil. El pedido fue aceptado, aunque por la importancia del caso el expediente pasó a revisión de la Corte Suprema, donde continúa en trámite.
Actualmente, el dinero permanece incautado mientras se determina su situación legal.
Corrupción afecta el desarrollo de Junín
La procuradora sostuvo que la lucha contra la corrupción no debe evaluarse solo por la cantidad de personas condenadas o enviadas a prisión, sino también por la capacidad del Estado para recuperar los recursos públicos.
Advirtió que cada sol perdido por corrupción significa menos posibilidades de construir colegios, mejorar carreteras, implementar centros de salud y atender otras necesidades de la población.
“Los caudales públicos no son solamente de todos; cumplen una finalidad pública y esa finalidad se tiene que cumplir como tal”, expresó.
Finalmente, destacó que recuperar las reparaciones civiles permite que el dinero vuelva al Estado y pueda ser utilizado en beneficio de la ciudadanía.
