A menos de una semana de la audiencia en la que el Poder Judicial decidirá si dicta 18 meses de prisión preventiva contra ocho militares del Ejército investigados por la muerte de cinco civiles en Colcabamba, Huancavelica, el abogado de las víctimas sostuvo que las leyes promovidas por el fujimorismo en favor de militares no serían aplicables a este caso.
Anthony Crespo explicó que esas normas establecen condiciones específicas que, según su interpretación, no se presentan en los hechos investigados por la Fiscalía.
“Tienen presupuestos y requisitos. Es siempre y cuando haya habido un cruce o se haya repelido un ataque. En este caso no hay nada de eso. No se ha encontrado armas por parte de los civiles y eso es algo contra lo cual no hay la más mínima duda”, afirmó en entrevista con Huanca York Times.
¿Por qué sostiene que no alcanzan este caso?
El abogado basa su posición en la propia hipótesis del Ministerio Público. De acuerdo con la investigación fiscal, las víctimas no estaban armadas y nunca existió un enfrentamiento con los militares.
La reconstrucción del caso señala que los efectivos colocaron obstáculos en la carretera y dispararon cuando la camioneta intentó esquivarlos. Luego inspeccionaron el vehículo en busca de droga, pero no encontraron ninguna evidencia. Después, según la tesis fiscal, volvieron a disparar contra quienes aún seguían con vida.
Para Crespo, esas normas tampoco beneficiarían a los militares del caso Colcabamba en una eventual sentencia, porque la propia investigación fiscal sostiene que las víctimas no estaban armadas y que no existió un enfrentamiento que justificara el uso de la fuerza.
El contexto de las leyes
En los últimos años, el Congreso aprobó diversas normas impulsadas por Fuerza Popular y sus aliados que benefician a militares y policías procesados por hechos relacionados con el conflicto armado interno. Entre ellas figura la Ley 32107, que impide procesar por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra ocurridos en el Perú antes de 2002, dejando fuera el período del conflicto interno que causó más de 69 mil víctimas.
En agosto de 2025 también se promulgó la Ley 32419, una norma de amnistía para violadores de derechos humanos, como parte de la agenda legislativa fujimorista. Estas leyes han recibido críticas de organizaciones de derechos humanos y especialistas, quienes sostienen que favorecen la impunidad.
La coyuntura política
Consultado sobre un eventual gobierno de Keiko Fujimori y el hecho de que el congresista Fernando Rospigliosi haya promovido leyes en favor de militares, el abogado reconoció que, en otro escenario político, el panorama podría parecer más favorable para las víctimas.
“Es cierto, no me voy a negar a que en un escenario de (Roberto) Sánchez, de repente hubiese sido un poco más claro”, manifestó.
Sin embargo, enseguida dejó en claro que mantiene su confianza en la independencia del sistema judicial.
“Yo aún creo en el derecho, en la ley y en la autonomía de los poderes, más allá de quien pueda ganar”, afirmó. Incluso añadió: “El día que pierda confianza en el Poder Judicial o considere que los resultados dependen de un tema político, me dedico a otra cosa”.
Audiencia clave
La audiencia de prisión preventiva se realizará el viernes 19 de junio, desde las 8 de la mañana, en el Juzgado de Investigación Preparatoria de Pampas, en Tayacaja. La Fiscalía solicita 18 meses de prisión preventiva para los militares Luis Montenegro, Brayan Fernández, Douglas Villacorta, Edilberto Marcos, Andy Sanches, Jorge Aguilar, Américo Vásquez y Fernando Códova, investigados por homicidio calificado en agravio de cinco personas y tentativa de homicidio contra los tres sobrevivientes.
Crespo considera que existen suficientes elementos para que el juez declare fundado el pedido de prisión preventiva y estima que, más adelante, el caso terminará con una sentencia condenatoria.
Además, reveló que dos de los tres sobrevivientes aún no han declarado por temor, aunque espera que una eventual prisión preventiva les brinde la confianza necesaria para colaborar con la investigación.
“Con los elementos que ya se han recabado tenemos suficiente para llevarlos a juicio y sentenciarlos”, sostuvo.
