La Red de Estudios para el Desarrollo (REDES) alertó sobre los prolongados retrasos y el incremento de costos en los hospitales de Quillabamba y Espinar, proyectos que llevan años sin concluirse debido a paralizaciones, reformulaciones y problemas de gestión. Mientras el Hospital Antonio Lorena se encuentra en su fase final, ambos establecimientos continúan pendientes pese a ser claves para miles de ciudadanos de la región. “Si bien pueden existir variaciones en los costos de las obras públicas, cuando el presupuesto se triplica y los proyectos se prolongan por más de una década, esto refleja serias deficiencias en la gestión del Estado, vinculadas a la forma en que las entidades públicas planifican, contratan y supervisan los proyectos. En muchos casos, los contratos se resuelven o se cancelan y las obras quedan paralizadas; para retomarlas, se tiene que hacer un nuevo contrato solo para terminar lo pendiente. Ese proceso toma tiempo, eleva los costos y obliga a reparar lo que se deterioró por la paralización”, explicó Erick Chuquitapa, economista de REDES. Hospital de Quillabamba El Hospital Quillabamba acumula 13 años en proceso desde su ingreso al sistema de inversiones en 2013. Durante los primeros años, los recursos se destinaron a estudios técnicos y trámites, y recién en 2018 se inició la construcción. Desde entonces, la obra ha atravesado varias paralizaciones y resoluciones de contrato. En 2019, el contrato fue anulado cuando el avance físico apenas llegaba al 42%, pese a que ya se había pagado más de la mitad del presupuesto. Luego, el proyecto quedó detenido durante la pandemia y volvió a interrumpirse en 2023 por incumplimientos en los plazos. Actualmente, la obra se encuentra en ejecución tras su reactivación, con una proyección de conclusión hacia 2028. En ese recorrido, el costo pasó de menos de S/130 millones a más de S/350 millones, casi triplicando el monto inicial, con observaciones de la Contraloría por posibles sobrevaloraciones. Mientras tanto, la atención continúa en módulos temporales, con limitaciones para responder a la demanda. Hospital de Espinar El Hospital de Espinar también enfrenta retrasos acumulados. Su financiamiento inició en 2017 y la obra fue adjudicada en 2020 con la meta de concluir en 2022. Sin embargo, al cumplirse ese plazo no se había alcanzado ni el 40% de avance y el contrato fue resuelto, dejando la infraestructura inconclusa. Desde entonces, el proyecto ha atravesado periodos de paralización y actualmente figura en la última lista de obras paralizadas de la Contraloría, pese a encontrarse en un nuevo intento de reactivación. El costo estimado se ha elevado de S/97 millones a más de S/267 millones, casi tres veces el monto inicial, en un patrón similar al del Hospital Quillabamba. La ejecución está planificada hasta 2032; sin embargo, a abril de 2026, no se había ejecutado ni el 1% del presupuesto asignado para este año. “Las consecuencias de estos retrasos se reflejan tanto en el aumento del presupuesto como en la salud de miles de personas. La entrega del hospital de Quillabamba beneficiaría a más de 145 mil habitantes de La Convención, mientras que la nueva infraestructura en Espinar está proyectada para atender a cerca de 70 mil personas. Que estos establecimientos lleven años sin operar implica que la población continúe sin acceso a especialidades médicas, suficientes camas de hospitalización o unidades de cuidados intensivos en sus propias provincias” indicó Chuquitapa. Añadió que esta situación obliga a trasladar casos de emergencia durante varias horas hacia la ciudad del Cusco, incrementando la presión sobre hospitales como el Regional y el Antonio Lorena. Además, el personal de salud continúa trabajando en infraestructuras precarias o espacios temporales que no fueron pensados para una operación prolongada. “El impacto de estas obras inconclusas se suma a una situación ya diagnosticada: de acuerdo con el Ministerio de Salud, los 11 hospitales de Cusco operan con una capacidad instalada inadecuada. En ese contexto, resulta fundamental fortalecer la planificación de los proyectos desde su diseño inicial para evitar expedientes deficientes y retrasos que terminan paralizando las obras por años. A ello se suma la necesidad de fortalecer la supervisión y el seguimiento técnico durante la ejecución, para resolver problemas sin detener completamente los proyectos”, concluyó el vocero de REDES.
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