Las denuncias por violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar se visibilizan cada vez más en Junín. Sin embargo, jueces y especialistas reconocen que el sistema aún enfrenta serias limitaciones para garantizar protección efectiva a las víctimas.
Ese fue el principal mensaje que dejó la presentación de las modificatorias de la Ruta de Atención para Mujeres Víctimas de Violencia e Integrantes del Grupo Familiar en zonas urbanas, comunidades nativas y comunidades campesinas, realizada el jueves 7 de mayo en el auditorio de la Corte Superior de Justicia de Junín.
Durante la actividad, magistrados y representantes de organizaciones especializadas coincidieron en que el incremento de denuncias no necesariamente refleja un aumento de casos de violencia, sino una reducción de la llamada “cifra negra”: víctimas que antes callaban y ahora deciden denunciar.
“Lo que se está reduciendo es la cifra negra”, afirmó el juez Hoover Gutiérrez Huamán, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria del Módulo Penal para la Sanción de Delitos asociados a la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar.
El magistrado sostuvo que las víctimas ahora encuentran mayor respaldo institucional y enfrentan procesos más rápidos que años atrás. “La víctima va y sabe que va a ser atendida”, señaló.
Gutiérrez también remarcó que la retractación de una víctima no basta para archivar un proceso judicial. Explicó que los jueces deben evaluar pruebas, pericias y testimonios para determinar si la retractación responde a presiones familiares, económicas o sociales.
“La retractación por sí sola no puede generar el archivo del proceso”, precisó.
En la misma línea, la jueza superior Pércida Luján Zuasnabar informó que el año pasado el sistema judicial otorgó más de seis mil medidas de protección en casos de violencia. Sin embargo, advirtió que las cifras todavía reflejan un problema estructural.
“No nos debemos de enorgullecer. No es que haya aumentado, sino que se está visibilizando”, indicó.
La magistrada explicó que muchas víctimas desconocen cómo funciona la Ley 30364 y abandonan los procesos tras obtener medidas de protección, sin llegar al ámbito penal. Por ello, sostuvo que la nueva ruta busca explicar de manera “sencilla y amigable” las etapas del proceso judicial y los mecanismos de sanción.
Pero las propias autoridades admitieron que las medidas de protección muchas veces chocan con una realidad difícil: víctimas y agresores suelen convivir en el mismo domicilio y la capacidad policial resulta insuficiente para supervisar todos los casos.
“Las medidas de protección versus la cantidad de policías es insuficiente”, reconoció Ivonne Macassi, directora del Programa de Derechos Humanos del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán.
Macassi destacó además que la nueva ruta incorpora un enfoque intercultural para comunidades nativas. En esos territorios, explicó, los comités de seguridad indígena y las autoridades comunales asumirán un rol clave en la protección de víctimas y en la articulación con el sistema de justicia.
Según detalló, en algunas comunidades incluso se expulsa al agresor para evitar que permanezca cerca de la víctima.
La especialista también alertó sobre otras carencias que dificultan la atención de casos: falta de psicólogos, escasez de fiscales y ausencia de intérpretes para personas quechuahablantes y poblaciones indígenas.
Pese a ello, consideró que la nueva resolución regional representa “un primer peldaño” para mejorar la respuesta institucional frente a la violencia.
Durante la conferencia, representantes del Poder Judicial, el Gobierno Regional de Junín y organizaciones civiles coincidieron en que el principal reto sigue siendo evitar que las víctimas abandonen las denuncias por miedo, dependencia económica o falta de confianza en las instituciones.
