Frente al pleno del Consejo Regional de Junín, la presidenta del Consejo Estudiantil del Instituto Tecnológico de Pichanaqui, María Ángela Uribe Hilario, denunció que no puede continuar sus estudios luego de alertar sobre presuntas irregularidades en su institución, como represalias por su labor de fiscalización, desde que asumió su cargo en julio de 2025.
“Van cuatro meses, yo estoy faltando ya 3 semanas. ¿Cuándo voy a estudiar si voy a seguir esperando?”, declaró en la sesión y aseguró que, tras presentar denuncias desde septiembre, fue desaprobada en varios cursos y ahora enfrenta impedimentos para matricularse porque las autoridades no aceptan su informe de actividades de representación por las cuales dejó de asistir a sus labores académicas.
Uribe explicó que la Dirección Regional de Educación (DRE) tiene conocimiento del caso desde diciembre, pero no ha actuado con firmeza en su caso para permitirle que continúe su formación en mecatrónica automotriz, su segunda carrera.
Irregularidades en el manejo de dinero
Durante su exposición, la estudiante detalló la denuncia que realizó sobre inconsistencias en la administración de los ingresos por matrícula. Señaló que en el sistema financiero solo figuraban 27 mil soles cuando el monto debía ser mucho mayor.
“En el mes de octubre… había solamente 27 000 soles por ingresos de matrícula”, indicó. Luego agregó: “Lo denuncié… y al siguiente mes aparecieron 171 000 soles”.
También cuestionó el uso del presupuesto institucional, al señalar que se priorizaron gastos que no respondían a las necesidades de los estudiantes.
La estudiante cuestionó que la Dirección Regional de Educación haya dispuesto en el 2025 más de 10 mil soles en compra de alimentos cuando el instituto carece de computadoras oy tras serias deficiencias en su equipamiento para las labores académicas de los estudiantes.
Deficiencias en la calidad educativa
Uribe describió condiciones precarias en la enseñanza. Indicó que no contaban con servicios básicos ni equipamiento adecuado. “No teníamos internet, no teníamos bibliotecas, no teníamos ni luz, no teníamos computadoras”, afirmó.
También relató que cursos técnicos se desarrollaban sin herramientas adecuadas. “Llevé el curso de dibujo técnico en AutoCAD… y lo hicimos en hojas de papel”, dijo.
Un caso de acoso
La dirigente estudiantil también denunció la existencia de casos de acoso sexual dentro del instituto. Señaló que un docente investigado continuó dictando clases pese a restricciones. Se refiere al docente David Luis Quillatupa Espinoza, quien en noviembre del 2023 fue denunciado por una de sus alumnas de haberla fotografiado por debajo de su falda. Incluso el Juzgado de Pichanqiu dictó medidas de protección en favor de la denunciante.
“El docente se acercaba a su salón pese a que había medidas de alejamiento”, indicó Uirbe. Sin embargo, en un documento dirigido al director del instituto, el docente Quilltupa indica que este caso en su contra fue archivado.
Ante el Consejo Regional, la dirigente estudiantil criticó la forma en que las autoridades respondieron a sus denuncias. Señaló que, en lugar de recibir respuestas técnicas, obtuvo de la jefa de Gestión Institucional de la DREj, Griscila Grisado, mensajes de carácter religioso en una conversación de WhatsApp:
La dirigente estudiantil, además, denunció presunta manipulación de documentos en una de sus quejas. “Le hemos agregado estas fotos a tu denuncia…”, relató sobre lo que le habría dicho un funcionario luego de recibir una de sus denuncias.
Represalias
La estudiante sostuvo que es víctima de hostigamiento por su rol de fiscalización, y que incluso hay acciones para aislarla de los demás estudiantes.
Pero lo concreto es la afectación a su trayectoria académica: fue desaprobada en cinco cursos y ahora el instituto ni la DREJ actúan para permitirle su matrícula.
Consejo reconoce gravedad del caso
Durante el debate, representantes de la Dirección Regional de Educación reconocieron las deficiencias señaladas. “Lo que dice acá la señorita… es cierto”, indicó una funcionaria.
Los consejeros regionales también cuestionaron la poca acción de las autoridades del sector educación, pese a que el gobernador Zósimo Cárdenas dispuso que se tomen medidas para proteger a la dirigenta estudiantil.
Tras escuchar el testimonio de Uribe, el Consejo Regional conformó una comisión especial para hacer seguimiento al caso y recomendó la intervención del Órgano de Control Interno (OCI) para investigar la gestión administrativa de los años 2024, 2025 y 2026.
También se citó a la Dirección Regional de Educación para que informe sobre las acciones adoptadas.
