La Policía Nacional de Perú capturó a José Carlos Estrada Huayta, uno de los sentenciados por los asesinatos cometidos en 2014 contra los líderes indígenas Edwin Chota, Jorge Ríos, Francisco Pinedo y Leoncio Quintisima. Se trata del primer detenido, luego del fallo confirmado en segunda instancia hace ocho meses. Los otros tres condenados aún se encuentran prófugos.
José Carlos Estrada Huayta, empresario de 61 años y sentenciado como autor mediato por el delito de homicidio calificado, se encontraba en la clandestinidad y el Ministerio del Interior optó por incluirlo, junto con los otros tres sentenciados, en la lista de los más buscados en Perú.
Según información compartida por la institución policial, la captura de Estrada Huayta se produjo a las 11:40 horas del lunes 4 de mayo, en el caserío Pampas Verdes, en la región de Ucayali, tras obtener información sobre su paradero por un colaborador.
El empresario fue puesto a disposición del Poder Judicial, a fin de cumplir su condena de 28 años y tres meses de cárcel efectiva. En el momento de su detención y en declaraciones espontáneas ante la prensa, Estrada se declaró inocente y dio cuenta de un recurso tramitado por su defensa ante la Corte Suprema.
Detalles de la sentencia
De acuerdo con la sentencia en segunda instancia dictada el 25 de agosto de 2025 por la Corte Superior de Justicia de Ucayali, el empresario Estrada Huayta es responsable, como autor mediato, del delito contra la vida en la modalidad de homicidio calificado, en agravio de los líderes indígenas Edwin Chota Valera, Leoncio Quintisima Meléndez, Jorge Ríos Pérez y Francisco Pinedo Ramírez.
El fallo precisa que el 1° de setiembre de 2014, los cuatro líderes indígenas fueron interceptados por Eurico Mapes Gomes y los hermanos Segundo y Josimar Atachi Félix, quienes les dieron “muerte con armas de fuego (escopetas) por órdenes de Hugo Soria Flores y José Carlos Estrada Huayta”. La información fue corroborada en el proceso judicial con la declaración de un testigo protegido.
La resolución agrega que había “conflictos preexistentes entre las víctimas y los procesados Hugo Soria Flores y José Carlos Estrada Huayta por la tala ilegal de madera en los terrenos de la Comunidad Alto Tamaya Saweto, que se concatenan con la declaración del testigo protegido”.
Cuatro prófugos
El fallo en segunda instancia ratificó la condena a 28 años y tres meses de cárcel efectiva para los hermanos Josimar Atachi Félix y Segundo Euclides Atachi Félix, en calidad de coautores de los asesinatos cometidos contra los líderes indígenas. En tanto Hugo Soria Flores y José Carlos Estrada Huayta fueron hallados responsables en la modalidad de autoría mediata.
A excepción del empresario Estrada Huayta, los otros tres sentenciados están prófugos. Es más, hay una quinta persona identificada como responsable directo de los crímenes, junto con los hermanos Atachi, que nunca respondió ante la Justicia: Eurico Mapes Gomes.
Maritza Quispe, especialista del Instituto de Defensa Legal (IDL) y abogada de los familiares de las víctimas del caso Saweto, recordó que este ciudadano tiene la condición de reo contumaz con juicio reservado, ya que nunca se apersonó para rendir cuentas ante la Justicia.
“Con la captura de Estrada Huayta, se logra cumplir con uno de los mandatos establecidos en la sentencia; sin embargo, aún falta capturar a los demás sentenciados. Mientras eso no suceda, las viudas de Saweto seguirán exigiendo justicia”, comenta la abogada, con relación a la primera detención.
Un caso emblemático
En comunicación telefónica con Mongabay Latam, Ergilia Rengifo, viuda del líder indígena Jorge Ríos, saludó esta primera captura e instó a las autoridades peruanas a adoptar medidas de protección para los familiares de las víctimas ante posibles represalias. “Nosotros no tenemos seguridad, ni nuestras familias ni la comunidad. Nos puede pasar algo”, expresó.
Felipe Tapia, abogado de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), considera que esta primera detención es el resultado de la incidencia que ejercieron las organizaciones indígenas para que el Ministerio del Interior incluya a los sentenciados en la lista de los más buscados.
“Este es un caso emblemático para el movimiento de defensa de los derechos humanos y de los pueblos indígenas. Esta es la primera sentencia condenatoria. Esto es relevante, porque muchos defensores indígenas actualmente enfrentan procesos y en un contexto difícil de avance de actividades ilícitas como el tráfico de droga y la minería ilegal”, reflexionó.
