A pocos días de las elecciones, Marlon Aguirre Ramos, candidato al Congreso por Juntos por el Perú en Junín, enfrenta un escenario delicado. La justicia está próxima a determinar si es inocente, como sostiene, en un caso por presunto manejo irregular de fondos.
Hace unas semanas advertimos en este medio que varios postulantes de dicha agrupación arrastraban denuncias policiales, investigaciones fiscales e incluso procesos judiciales. Entre ellos, Aguirre destacaba por la cantidad de investigaciones acumuladas.
No se trata, sin embargo, de casos antiguos o archivados. Sobre él pesa un proceso judicial en curso que está próximo a resolverse.
Aguirre, quien inició su carrera política en el 2010 como regidor en el movimiento liderado por Ángel Unchupaico, investigado por lavado de activos, aspira ahora a llegar al Congreso. No obstante, el Poder Judicial aún no define si incurrió en irregularidades en la administración de recursos de la Cámara de Comercio de Huancayo, entidad que presidió. La Sala de Apelaciones resolverá el recurso presentado por la Fiscalía este 15 de abril, apenas tres días después de los comicios.
Contrataciones bajo cuestionamiento
Los hechos se remontan al periodo 2018-2019, cuando Aguirre encabezaba la Cámara de Comercio de Huancayo. Según la Fiscalía, durante su gestión habría realizado contrataciones directas de amigos y allegados para cargos clave, sin la aprobación del Consejo Directivo, como exigen las normas internas.
La acusación señala que designó como gerente general a Víctor Manuel Arana Vera con un sueldo de 4,000 soles, sin concurso ni autorización formal. Asimismo, contrató como contador general a Enrique Oroncuy, pese a que el Colegio de Contadores confirmó que no contaba con título profesional. A ello se suma un incremento salarial de 2,300 a 3,000 soles que tampoco habría sido aprobado.
Las presuntas irregularidades también incluyen pagos por servicios. La Fiscalía detectó el desembolso de más de 13,000 soles a Luis Huaynalaya Romero, registrado como obrero, por supuestos trabajos de mantenimiento informático que, según trabajadores de la institución, nunca se realizaron. Además, se identificó un pago por servicios de vigilancia con una firma presuntamente falsificada de una coordinadora que negó haber autorizado dicho gasto.
Cuatro años
En total, el Ministerio Público estima que la Cámara sufrió un perjuicio cercano a los 19,000 soles. Por ello, en los alegatos finales del juicio oral solicitó una condena de cuatro años de prisión efectiva por el delito de administración fraudulenta.
Como sustento, la Fiscalía presentó contratos firmados por Aguirre, comprobantes de pago y testimonios de trabajadores, quienes describieron una gestión deficiente. Una de las declaraciones incluso señala que el entonces presidente habría utilizado fondos institucionales para gastos personales, como servicios de delivery; en efecto, la testigo Katherine Ricse Aliaga manifestó que: “…hubo manejos irresponsables, dado que a menudo el acusado gastaba en delivery de la caja de la Cámara de Comercio. Las mejoras de la institución no se realizaban.”
La defensa
Durante el juicio, Aguirre rechazó las acusaciones y sostuvo su inocencia. Su principal argumento es la falta de pruebas documentales, debido a la desaparición de los libros de actas donde, según afirma, se registraban las decisiones del Consejo Directivo
De acuerdo con su versión, estos documentos permanecieron en la oficina tras su salida, en julio de 2019, y posteriormente desaparecieron. Su defensa se apoya en un informe contable que concluye que, ante la ausencia de dichos registros, no es posible determinar si las contrataciones contaron con la debida autorización.
En octubre del año pasado, el juez de primera instancia, Yonny Albino Gonzales Oré, lo absolvió al considerar que no existían pruebas suficientes de un beneficio personal. Sin embargo, la Fiscalía apeló el fallo, al sostener que los contratos, pagos y testimonios constituyen evidencia suficiente. A su juicio, la desaparición de documentos no puede justificar una absolución en un caso que dejó a la institución con problemas económicos.
El trasfondo
Más allá del proceso judicial, el caso plantea una cuestión de fondo. Aguirre busca representar a los ciudadanos de Junín y participar en la administración del presupuesto público desde el Congreso, pese a las dudas sobre su gestión al frente de la Cámara de Comercio.
En ese contexto, también queda en entredicho el respaldo de Juntos por el Perú, una agrupación que afirma marcar distancia de la política tradicional, pero que incluye entre sus candidatos a una figura cuya defensa se sostiene, en parte, en la desaparición de documentos clave de una institución que dirigió bajo serios cuestionamientos.
En comunicación con este medio, el candidato precisó que el 15 de abril la Sala evaluará la apelación sobre su responsabilidad en el caso, es decir, si es inocente o no, y no el pedido de cuatro años de prisión efectiva formulado por el Ministerio Público.
