El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) inició una investigación preliminar contra la empresa Consultores A-1 por presuntas irregularidades durante su gestión como liquidadora de Doe Run Perú, exdueña del Complejo Metalúrgico de La Oroya.
La Secretaría Técnica de Fiscalización del Indcopi detectó el manejo al menos cuestionable de S/ 45.5 millones obtenidos tras la venta de la Unidad Minera Cobriza, uno de los principales activos de la compañía.
El organismo abrió una investigación preliminar tras revisar documentación que muestra que el exliquidador firmó una transacción extrajudicial con un sindicato de trabajadores el 18 de octubre de 2022 para reconocer una deuda laboral millonaria. Para cumplir ese acuerdo, la empresa comprometió S/ 26.6 millones del pago en efectivo realizado por la compañía Operadores Concentrados Peruanos (OCP) por la compra de la mina y otros S/ 18.9 millones provenientes de la devolución de garantías del plan de cierre ambiental (PAMA).
Recordemos que en julio de 2022, la empresa Operadores Concentrados Peruanos adquirió mina Cobriza por US$19.7 millones. La empresa que forma parte del grupo Dyer fue el único postor.
El Informe N.° 463-2025 del Indecopi cuestiona directamente esa decisión. El documento indica que “Consultores A-1 se obligó a destinar los fondos obtenidos con la venta de la Unidad Minera Cobriza (…) al pago de deudas postconcursales”. Esta medida contradice el Convenio de Liquidación aprobado en marzo de 2022, que establece que los recursos obtenidos con la venta de activos deben utilizarse para cancelar los créditos concursales conforme al orden de prelación establecido por la Ley General del Sistema Concursal.
Acuerdo oculto a la Junta de Acreedores
El informe también advierte que el liquidador no informó este acuerdo a la Junta de Acreedores, pese a que los representantes del proceso solicitaron detalles sobre el uso de los fondos provenientes de la venta de la mina Cobriza.
El documento señala que “esta transacción no habría sido comunicada ante la Junta de Acreedores, pese a los reiterados pedidos para conocer los alcances del acuerdo”. La omisión resulta relevante porque la junta supervisa la administración del patrimonio de la empresa durante el proceso concursal.
Además, el regulador advierte que no existe claridad sobre el destino final de parte de los recursos. El informe precisa que “se desconoce si se efectuó el pago de los créditos laborales correspondientes (…) así como el uso que se dio a los cerca de 40 mil soles restantes producto de la venta”.
Posible vulneración
La investigación se centra en determinar si el exliquidador alteró el orden legal de pagos establecido para los procesos concursales. La normativa obliga al liquidador a distribuir el dinero obtenido con la venta de activos siguiendo un orden que prioriza determinados créditos.
Según la Secretaría Técnica de Fiscalización, el acuerdo firmado por Consultores A-1 habría comprometido recursos de la masa concursal para pagar obligaciones generadas después del inicio del proceso, lo que podría afectar a otros acreedores que ya contaban con derecho preferente de cobro.
Denuncia de acreedores
El caso salió a la luz tras una denuncia presentada por un acreedor dentro del proceso de liquidación. Durante la revisión del expediente, el Indecopi identificó el acuerdo firmado en 2022 y analizó los movimientos financieros vinculados a la venta de la mina.
Ese análisis llevó al organismo a iniciar una indagación preliminar para determinar si el liquidador violó el Convenio de Liquidación o las normas del sistema concursal.
Tras la salida de Consultores A-1, la administración del proceso pasó a manos de Alva Legal Asesoría Empresarial, actual liquidador de Doe Run Perú.
Acreedores y extrabajadores solicitaron a esta nueva administración una auditoría integral sobre la gestión anterior con el objetivo de esclarecer el destino de los recursos obtenidos por la venta de Cobriza y evaluar posibles responsabilidades.
