La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado peruano por la esterilización forzada y muerte de Celia Ramos Durand, ocurrida en 1997 durante el programa de planificación familiar aplicado en el gobierno de Alberto Fujimori.
El tribunal concluyó que el caso no fue un hecho aislado, sino parte de una política pública que impulsó esterilizaciones masivas, principalmente contra mujeres indígenas, campesinas y en situación de pobreza.
La sentencia establece que el Estado peruano violó los derechos a la vida, la integridad personal, la salud, la libertad personal, la vida privada, la igualdad y la no discriminación de Ramos, así como los derechos de sus hijas y familiares.
Celia Ramos, una mujer de 34 años de Piura, fue presionada por personal de salud para someterse a una ligadura de trompas en julio de 1997. La intervención se realizó en un establecimiento médico que no contaba con equipos adecuados para enfrentar emergencias.
Durante la operación sufrió una grave reacción alérgica a la medicación administrada. Fue trasladada tardíamente a cuidados intensivos y permaneció en coma durante 19 días hasta su muerte.
La Corte concluyó que el Estado no garantizó condiciones médicas adecuadas ni el consentimiento libre e informado de la paciente.
Una política a gran escala
El caso se inscribe en el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, aplicado entre 1996 y 2001, que promovía la anticoncepción quirúrgica.
Durante ese periodo se realizaron más de 314.000 esterilizaciones a mujeres y cerca de 24.000 vasectomías, muchas sin consentimiento válido, según informes analizados por el tribunal.
Diversas investigaciones han señalado que en numerosos casos las mujeres fueron presionadas, engañadas o incentivadas con alimentos para aceptar las intervenciones.
Para la Corte, la magnitud de estas operaciones demuestra que se trató de una política estatal aplicada de forma masiva.
Reparaciones y medidas ordenadas
El tribunal ordenó al Estado peruano investigar los hechos, sancionar a los responsables y garantizar reparaciones para las víctimas.
Entre las medidas dispuestas figuran:
un acto público de reconocimiento de responsabilidad
reparaciones económicas a la familia de Celia Ramos
la implementación de protocolos que garanticen el consentimiento libre e informado en procedimientos médicos.
y medidas para asegurar el acceso a la justicia de las víctimas.
La decisión marca un precedente para miles de mujeres afectadas por las esterilizaciones forzadas en el país.
Aquí revisa la sentencia de la Corte IDH
Sentencia de La Corte IDH Sobre Las Esterilizacionen Forzadas en El Perú by Huanca York Times
