Crónica | Sobre el espaldar de una silla, Henry Ampama cuelga la casaca que atesora como su mayor evidencia. Gotas de barro esparcidas sobre la tela rodean el trazo que dejó una bala. La tenía puesta el 12 de julio de 2025, cuando una cuadrilla de mineros ilegales disparó a mansalva contra el bote donde viajaba. Eran 60 pasajeros y fue él quien estuvo más cerca de morir. Ampama es el jefe de Huabal, la máxima autoridad en esta comunidad wampís de la cuenca del río Santiago, Amazonía peruana.
Por su ubicación en la parte central del río Santiago, Huabal es uno de los sectores más vulnerables. Como otros pueblos del llamado Medio Santiago, desde hace cinco años enfrenta un riesgo latente ante el violento avance de la minería y la tala ilegal en territorios wampís adyacentes al río amazónico.
Mongabay Latam surcó el Santiago desde Huabal e ingresó a las comunidades que están en el camino, próximas a la desembocadura en el río Marañón (Bajo Santiago). Son poblaciones que no cuentan con la asistencia del Estado y viven oprimidas por la violencia, la contaminación y el descontrol que propagan las mafias del oro y la madera. En el camino, encontramos que al menos 20 dragas operan frente a cinco localidades wampís y un centro poblado: Papayacu, Guayabal, Fortaleza, Belén, San Juan y La Poza. Otras 10 permanecen ocultas en caños (canales que se desprenden del río) y quebradas.
TE PUEDE INTERESAR: Siete desafíos ambientales de Perú en 2026
Con la explotación del río Santiago llegó la deforestación de su entorno. Los focos mineros están en la mayoría de lugares donde grupos de madereros también van ganando terreno. El recorrido permitió reunir información clave que revela cómo cada red criminal asentada en la cuenca tiene brazos destinados a la minería y la extracción ilegal de madera fina. Esto hizo posible, además, el seguimiento de las rutas por donde son transportadas las cargas de oro y madera. Los dirigentes del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís, organización que agrupa a 22 comunidades tituladas, no dudan que la devastación está en uno de sus momentos más críticos. “Su ambición por el oro y la madera está destruyendo el río y nuestros bosques”, expresa Henry Ampama.
En Huabal también vive Galois Flores, vicepresidente de la nación wampís, quien parece tener en la cabeza el mapa de 1.3 millones de hectáreas que su organización representa. Sabe que hay dos dragas mineras siendo accionadas día y noche en el Alto Santiago, al borde de la comunidad de Papayacu, cerca al límite con Ecuador. “Pero la convulsión está río abajo, camino a Nieva, por donde fuimos emboscados en julio”, dice.
La ruta del metal
Entre negocios de abarrotes y bares en La Poza, un centro poblado del Medio Santiago, hay dos tiendas que ofrecen equipos de buceo, motores, alfombras, mangueras de succión. Lo necesario para la operación completa en una draga minera. Ningún transeúnte parece un comunero wampís. Esta es una localidad habitada, básicamente, por personas no indígenas.
De una bodega salen dos hombres cargando una motosierra, un extenso tubo de metal y galoneras llenas de combustible. “Así se abastecen para entrar al río y al bosque. Acá las mafias sacan madera y oro. No están dedicadas a un solo delito”, confirma Josefino, conductor de la embarcación que atravesará el Santiago y a quien cambiamos el nombre por seguridad.
Con el rostro ajado, siempre a media sonrisa, Josefino relata que los materiales comprados aquí llegan a todos los focos mineros asentados en el Santiago. El petróleo que acaba de salir de la bodega —afirma— es para una draga que desde hace tres meses opera a orillas de La Poza. También sostiene que hay compradores de oro que llegan a La Poza porque ahí o en los puntos de excavación del río se paga hasta 200 soles por gramo. Cuando va de salida y en los destinos finales el costo por gramo sube hasta 280 soles.
Agentes de inteligencia consultados para esta investigación detallan que el oro sale por los ríos Santiago, Marañón y Nieva. En la ciudad de Nieva están a la espera camionetas enviadas por los cabecillas de las mafias incrustadas en la cuenca del Santiago. La ruta del metal continúa por tierra: cuando son altas cantidades, pasan por Bagua (Amazonas), Chiclayo (Lambayeque) hasta Trujillo (La Libertad) o Lima. Las indagaciones por parte de personal militar dan cuenta de que en Lima y Trujillo el oro ilegal es vendido a negocios, empresas e incluso mineras formales, que lo “blanquean” con documentos amañados.
Si son proporciones menores del mineral, la mercadería puede quedarse, además de en La Poza, en Nieva, Chiclayo e incluso tomar un desvío a Jaén (Cajamarca). Propietarios de bodegas, joyerías y comercios chicos lo adquieren para negociarlo a su modo.
Yutupis: pueblo en alerta permanente
En una oficina repleta de documentos sueltos, Tercero Ahuanari, el jefe de Yutupis, repite que el territorio al que hemos llegado está en un ámbito considerado de extrema pobreza. Yutupis es la comunidad más grande en toda la cuenca del Santiago, pero su zona urbana no tiene calles asfaltadas ni trochas afirmadas que la comuniquen con sus nueve anexos. Los habitantes están dedicados al cultivo de plátano, cacao y maíz, productos que terminan siendo para el consumo propio, pues la falta de vías imposibilita que puedan trasladar sus cosechas a los mercados.
Esa es la precariedad que denuncia Ahuanari y por la que —asegura— sus antecesores se vieron empujados a aceptar la minería ilegal. Más de 20 dragas llegaron a operar en Yutupis hasta hace cinco años. A cambio, la comunidad pudo construir dos puentes con los pagos recibidos. El dinero llegó con un costo altísimo: la alta toxicidad en el río que hizo que la nación wampís desalojara a todos los mineros en 2020. Pero la historia podría repetirse.
“Todavía hay oro acá y tenemos necesidades. Los gobiernos nacional y local no nos escuchan. Puedo hacer [un trato con los mineros], pero solo por tres o cuatro meses y a condición de que no metan tantas máquinas”, declara Ahuanari. Esta preocupación es un síntoma común en las comunidades visitadas para esta investigación.
Galois Flores explica que las organizaciones criminales evalúan previamente las necesidades y debilidades del pueblo que puedan aprovechar. Posteriormente, señala, “se afianzan y nunca cumplen lo que prometieron”.
Umbral de la deforestación
Gerónimo Tukup, técnico de la Dirección de Territorio, Ambiente y Naturaleza de la nación wampís, tiene registrado que hasta el año pasado la depredación forestal en las comunidades del río Santiago llegaba a 18 000 hectáreas. Los líderes wampís atribuyen porcentajes similares de aquel desbosque histórico a la arremetida de taladores y mineros ilegales tras el brote de la pandemia. Hasta mediados de 2025, según el proyecto MAAP, la deforestación por minería de oro alcanzó en Perú una extensión que supera las 139 000 hectáreas. Amazonas es una de las nueve regiones donde la actividad ilícita tuvo mayor incremento.
Yutupis también figura como una de las comunidades con más bosque afectado por acción de los madereros. Tercero Ahuanari sostiene que los jefes anteriores a su gestión obtuvieron permisos de aprovechamiento forestal con fines comerciales que no supieron controlar. El último, aprobado por la Autoridad Regional Ambiental (ARA) de Amazonas y vigente hasta junio de 2026, autoriza la tala de 487 metros cúbicos de lupuna (Ceiba pentandra), sempo (Osteophloeum platyspermum) y tornillo (Cedrelinga catenaeformis). La información consta en los registros del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor).
El jefe de Yutupis explica que los madereros compradores manejaban las guías de transporte que estaban a nombre de la comunidad y así podían sacar más madera de la permitida. En otras palabras, talaban especies no autorizadas y en cantidades superiores a las que figuraban en los permisos. Luego, lo especificaban en las guías para pasar los controles.
“Ya no ocurre. Cuando entré, en noviembre de 2024, le quité todo a los madereros. Ahora yo estoy administrando”, anota, enfático, el jefe de Yutupis. A pesar del aparente esfuerzo por conservarlo, el bosque de la comunidad sigue siendo arrasado.
Un segmento de selva talada llega hasta la margen izquierda de la quebrada Yutupis. Allí, tres madereros con medio cuerpo bajo el agua cargan trozas de distintos tamaños y las acomodan en una chalupa. Otros dos, inclinados sobre la proa, llevan papeles en las manos y dirigen la operación.
“Son trozas de tornillo, pero también hay de madera fina: caoba o cedro”, refiere un integrante del sistema de autodefensa Charip —brigada de vigilancia conformada por comuneros wampís—, curtido en decomisos de especies prohibidas a los madereros ilegales de esta cuenca. También, en incautaciones de equipos y materiales utilizados en la minería ilegal. El trabajo de los Charip ha evitado hasta ahora que el Medio Santiago se convierta en un infierno de dragas.
Según Gerónimo Tukup, el problema de la tala ilegal también alcanza a las comunidades de Aintam, Yujagmkim, Guayabal, Fortaleza y Belén. A excepción de las dos últimas, el resto de pueblos tiene permisos forestales vigentes, de acuerdo con el Osinfor.
“Los madereros pagan por los permisos y mandan al jefe de la comunidad a gestionarlos. Así ellos entran y cortan lo que quieren”, explica Tukup. Cuando la comunidad no cuenta con la cantidad de madera que figura en el permiso —añade—, negocian en otras localidades para completar el volumen. “Eso también es ilegal, es blanqueo de madera. Pero no hay control”, insiste.
El “lavado” de madera mediante la tala de especies para las que no han sido emitidos permisos forestales, o en lugares no autorizados, genera sanciones para las comunidades nativas por parte del Estado que se traducen en deudas. Es otro perjuicio que deja la irrupción de los madereros en estas comunidades.
La madera extraída de los bosques wampís, según agentes de inteligencia, traspasa el río Santiago, recorre parte del río Marañón hasta su encuentro con el río Nieva y tiene una primera parada en el distrito de Nieva. Después, los cargamentos atraviesan por vía terrestre las ciudades de Bagua, Jaén (Cajamarca) y Olmos (Lambayeque) para terminar en Piura, al norte de Perú. Ahí, de acuerdo con la información recabada, la mercadería ya tiene compradores fijos.
Mongabay Latam siguió el trayecto de la embarcación que salió desde la quebrada Yutupis. Tras un viaje lento y exento de controles, la madera llegó a cada sitio descrito por las fuentes en campo.
Sitiados por la minería y tala ilegal
Aunque las organizaciones criminales tienen cuadrillas operando en tala y minería por separado, también propician que un delito abra paso al otro.
A tres horas de viaje desde Yutupis, rumbo a Nieva, la comunidad de Guayabal anuncia un panorama apocalíptico. Dos dragas devoran el río y forman islotes de arena y piedras entre ellas. La faena reúne a hombres y mujeres en torno a ambos puntos de devastación. Mientras tanto, en el ingreso a las quebradas que tributan al Santiago, tablones de lupunas aparecen desperdigados. Los comuneros coinciden en que es lo que ya no tuvo espacio dentro de los botes madereros que han partido a Nieva. Los taladores y mineros empezaron a operar al mismo tiempo —declaran—, hace cinco años.
Una imagen similar muestra el trecho del río Santiago que corresponde a la comunidad de Fortaleza, a unos 10 kilómetros de distancia desde Guayabal. La diferencia es que hay cuatro dragas operando en ubicaciones distintas y estratégicas. Este fue el escenario del atentado contra la comitiva de dirigentes de la nación wampís, en julio pasado.
La minería ilegal ha controlado Fortaleza. El caos derivó del descontrol que ocasionó la tala. El técnico Gerónimo Tukup tiene documentado que esta comunidad obtuvo un permiso forestal e hizo un trato con los madereros, quienes talaron especies distintas y volúmenes mayores a los autorizados. La comunidad fue sancionada y la deuda que quedó fue de 12 000 soles. “Tenían la idea de cancelar los 12 000 soles aceptando [los pagos de] la minería. Mire en lo que se convirtió. Exterminaron su territorio”, insiste.
Para el coordinador en Perú de la organización internacional Amazon Watch, Vladimir Pinto, hay una presencia muy fuerte de la minería ilegal que está avanzando en el ámbito wampís, pero también poblaciones con una lógica de resistencia mayoritaria apoyadas en una estructura de contención a este fenómeno representada por su gobierno territorial autónomo. “Se trata, por supuesto, de un terreno de disputa”, opina.
El 23 de diciembre de 2025, un puesto de control que la nación wampís había instalado en San Rafael, para interceptar el tránsito de combustible, mercurio y armas a los focos de explotación aluvial, fue atacado e incendiado por mineros ilegales.
Epicentros del delito
El río Santiago desemboca en el Marañón, precisamente, donde está la guarnición del Ejército peruano Teniente Pinglo. La maquinaria minera que sube a las comunidades, así como la madera extirpada de los bosques, pasa solo a metros del destacamento. Esto es lo que más indigna a los líderes de la nación wampís.
Con las dos dragas que la organización indígena tiene identificadas en el Alto Santiago, son 22 las que actualmente están explotando el río. Diez más están inoperativas en la vegetación que flanquea el caudal. Galois Flores cree que los ilegales han recibido la alerta de un próximo operativo y que, cuando el rumor pase, las pondrán de nuevo a funcionar.
Han pasado casi 24 horas desde que la chalupa que estaba siendo cargada con trozas en la quebrada Yutupis inició el recorrido del Bajo Santiago. Ahora llega al puerto del barrio Héctor Peas, en Nieva, y enseguida decenas de tablones uniformes y pulidos empiezan a ser subidos en un camión que ha esperado toda la mañana. Uno de los pobladores que nos acompaña sabe que durante la tarde del día anterior la madera pasó por un aserradero pequeño, situado entre los bosques previos al río Marañón.
Durante los siguientes dos días —confirma— el camión transitará los sectores de Corral Quemado, en Bagua (Amazonas), y Pucará, en Jaén (Cajamarca). Luego llegará a Olmos (Lambayeque) y finalmente, a través de la carretera Panamericana Norte, a Piura. “Otras organizaciones en el Santiago llevan sus cargamentos a los aserraderos del puerto de Nieva, desde donde siguen el mismo itinerario a Piura”, agrega.
Los trabajadores del puerto calculan que ocho camiones entran y salen cada semana con el mismo objetivo. Mongabay Latam solicitó una entrevista con la Dirección de Medioambiente de la Policía Nacional y el Ejército del Perú, pero no obtuvo respuesta.
* Pueden leer la versión completa del reportaje en Mongabay Latam.
