Con un proveído de la Fiscalía de la Nación, comunicaciones de la Junta de Fiscales Superiores de Junín y de la Junta Nacional de Justicia, el Ministerio Público inició una investigación contra el juez Jesús Santana Socoalaya, del Juzgado Civil de la Oroya, por el presunto delito de prevaricato por el desalojo anticipado de los últimos pobladores no reasentados de la antigua Morococha.
La Fiscalía señala que hay indicios de que el magistrado habría incurrido en irregularidades graves en el proceso judicial que benefició a la minera Chinaco Perú con el desalojo de las últimas de cinco familias de la antigua ciudad de Morococha, ocurrido el pasado 19 de setiembre.
El fiscal Edwin Sánchez Salazar, de la Cuarta Fiscalía Superior Penal de Junín, determinó iniciar una investigación preliminar, por el presunto delito de prevaricato contra el juez Santana Socualaya, quien ordenó y confirmó el desalojo de familias de la antigua Morococha pese a que el área está declarada Zona de Alto Riesgo No Mitigable. De acuerdo con la defensa de las familias afectadas, la ley prohíbe expresamente empezar acciones civiles de restitución o desalojo en este tipo de predios, en las cuales se deben establecer acciones administrativas de reasentamiento a cargo del Estado.
En mérito a ello, el fiscal Sánhez dispuso 60 días en las cuales deberá establecer si hay indicios de posibles ilícitos cometidos por el juez, para profundizar las investigaciones. Los primeros actos incluyen requerimientos de documentos, resoluciones y testimonios para esclarecer la actuación del magistrado.
Acusaciones contra el juez
Una denuncia presentada contra el juez Santana Socualaya ente Junta Nacional de Justicia, le atribuye siete faltas graves y muy graves, entre ellas:
Asumir competencia que la ley no le permitía en territorio declarado de riesgo;
Dictar una medida de desalojo sin existencia de una demanda civil previa;
Delegar la ejecución del desalojo de las familias al secretario judicial, con el apoyo logístico de la empresa minera;
No motivar adecuadamente sus decisiones judiciales;
Aunque su propia orden recomendaba lo contrario, las viviendas fueron demolidas tras el desalojo.
El desalojo
El desalojo de las últimas cinco familias de la antigua Morococha ocurrió el 19 de septiembre de 2025, con apoyo policial y logístico de la propia Chinalco, en la cual la empresa impidió el acceso de la prensa.
Aquel día, el juez no participó en la ejecución del desalojo, pues esa tarea lo delegó en su secretario judicial. Las pertenencias de las familias fueron trasladadas, sin destino cierto, en camiones con las placas cubiertas que circularon a pesar de la presencia policial.
Aquí la disposición fiscal
Fiscalía Abre Proceso contra Juez Santana por caso Chinalco by Huanca York Times
